LA CREME: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN NAYARIT

Por: Norma Cardoso

22 / Julio / 2013

Mucha preocupación ha causado a las diversas organizaciones nacionales e internacionales protectoras de los derechos de las mujeres, el informe que emitió el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). De acuerdo a este trabajo de investigación, 58 mil mujeres sufrieron violencia y buscaron ayuda legal en 21 entidades y solamente el siete por ciento la recibió. El informe llamado Órdenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y Falta de Acceso a la Justicia, y cuya coordinadora es María de la Luz Estrada, mencionó que en México hay un patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades en materia de protección a las mujeres víctimas de violencia, lo cual impide que se detengan los feminicidios.

De acuerdo a una entrevista emitida por un diario capitalino, Estrada indicó que no se puede detener la violencia de género, porque las leyes que protegen a las mujeres son letra muerta y las autoridades reconocen que no brindan ese mecanismo, ya que ellas no lo solicitan. Esto, a pesar de que es responsabilidad del Estado otorgar este recurso. La protección –explicó la activista- es una medida mínima para prevenir un mayor daño a las mujeres, y está inscrita en el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este informe abarca de enero de 2011 a junio de 2012, se elaboró en base en información de 27 Estados, pero seis no respondieron, de los cuales están: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Lis Potosí y Tabasco.

Entre los hallazgos importantes de a investigación, destaca que autoridades de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo Léon, Puebla, Querétaro y Tlaxcala admitieron no haber emitido ninguna orden de aprehensión entre los hallazgos más relevantes del informe se destaca que autoridades de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala admitieron no haber emitido ninguna orden de protección, aunque hay violencia. En Puebla por ejemplo, la procuraduría del estado registró 6 mil 237 casos de violencia de género, pero no emitió ninguna orden porque las agraviadas no optan por esta prerrogativa.

Asimismo Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz han otorgado órdenes de protección que no corresponden con el clima de violencia en la entidad. Chihuahua conoció 7 mil 342 hechos violentos entre agosto y octubre de 2012, pero la autoridad otorgó únicamente siete órdenes, es decir, 0.1 por ciento del total. El Distrito Federal registró 15 mil 276 hechos, pero emitió 565 medidas de protección, esto es, 3.6 por ciento. Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala no cuentan con un procedimiento mínimo para emitir las órdenes de protección, por lo cual las autoridades justifican su omisión. El Estado que encabeza la lista de feminicidios es el Estado de México, y a pesar de esto, el gobierno de esa entidad no sistematiza ni registra los hechos de violencia ocurridos contra mujeres, ni da a conocer el número de protecciones otorgadas a éstas... La mayor parte de las órdenes concedidas son de carácter urgente e implican vigilancia de seguridad pública en el domicilio de la víctima, prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o de estudio... Se dijo que las medidas son insuficientes por sí solas para garantizar la seguridad física de las mujeres, porque cuando se aplican la persona ya está en situación de riesgo.

La protección no se da en forma inmediata, porque primero se hace una investigación y la mujer tiene que aportar todas las pruebas. Incluso hay casos en que la misma afectada tiene que notificar a su propio agresor de las medidas. Ante esto las integrantes de las diferentes asociaciones hicieron decenas de recomendaciones a los tres órdenes de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, entre ellas, que las órdenes de protección sean integrables, flexibles y adaptables; que únicamente declare la víctima para emitirla y se agilice su implementación en el país, y se reforme la Ley de acceso a una vida libre de violencia y dicho mecanismo, así como el que establece la alerta de género.