Edición del Día
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Con visión ciudadana : Responsabilidad legislativa y social
Enrique Vázquez Coronel
16 / Agosto / 2013
Para aquellos que dudan del trabajo legislativo en especial aquel que se da durante los recesos legislativos, la Diputada, Jocelyn Patricia Fernández Molina, dio cátedra y no solo demostró que efectivamente se trabaja aun en los periodos que pudieran considerarse vacacionales, sino que lo hizo de gran manera pues presentó una interesante reforma a algunas legislaciones estatales para solventar varios problemas de urbanismo y de protección civil que efectivamente aquejan a nuestra entidad, y no podía ser de otra pues como encargada de la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, es su deber buscar los puntos que necesiten a atención en sus materias.
En efecto, la iniciativa de reforma presentada este pasado martes ante los integrantes de la diputación permanente que preside el diputado Armando García Jiménez, busca salvaguardar el bienestar integral de los ciudadanos e inhibir las conductas ilícitas que afecten la tranquilidad y el patrimonio de los nayaritas, de buenas a primeras pareciera que las modificaciones a la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit y a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, pudieran generar el objetivo deseado aunque como siempre un marco normativo actualizado no es siempre la respuesta a todos los problemas, pues aun se necesita la aplicación concreta de ellos, sin embargo sin duda ayuda mucho contar con una herramienta efectiva.
La reforma a la Ley de Protección Civil para el Estado, explicó Fernández Molina, necesita de la reforma pues no abarca algunos escenarios de aplicación que hasta hoy perjudican a la ciudadanía además de crear vínculos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, fundamental práctica que desde el gobierno federal han impulsado fuertemente.
La iniciativa es por si sola un buen avance para el marco normativo de la entidad, sin embargo el punto más rescatable de la propuesta de la diputada, fue la exigencia de la creación de los atlas de riesgo tanto municipales como estatal, pues la existencia de un sistema de información sobre los posibles peligros es indispensable, tuvo que llegar un reportaje a nivel nacional que exhibiera la falta de estos para que llegara una reacción, afortunadamente como siempre la humildad de los funcionarios nayaritas los hace actuar serena y rápidamente ante las eventualidades.
Finalmente, las adaptaciones en materia penal resultan pertinentes pues en efecto era necesario regular y castigar las nuevas conductas de inmobiliarias y particulares que realizan conjuntos habitacionales en zonas de riesgo, tipificando este tipo de hechos como delito grave, por lo que no tendrán el beneficio de una fianza.
Interesante propuesta pues, de la legisladora local, misma que deja patente una vez más que con compromiso para con sus representados, los funcionarios públicos pueden generar grandes acciones, la iniciativa ahora pasará a la comisión permanente y posteriormente será discutida por el pleno de la trigésima legislatura, sin embargo ante lo apremiante de los temas tratados, en especial aquel de los atlas de riesgo, no debería tener problemas en ser aprobada.