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EL IV PODER: *Qué hay detrás de la detención de la periodista Libni Tapia y Ricardo Esquivel
Por: Juan Fregoso
13 / Septiembre / 2013
Un estado que se precie de democrático por ningún motivo debe temer a la sana crítica, al contrario, está obligado a respetar la libre manifestación de las ideas, porque es un derecho—no una concesión graciosa—consagrado en los artículos 6 y 7 de nuestra ley suprema. La violación cometida por cualquier autoridad a la libertad de expresión nos acerca a un estado de corte fascista que se sale de la órbita legal para implantar un régimen represivo, en el cual la voluntad del gobernante avasalla arbitrariamente las garantías individuales de los gobernados.
Un estado que procede así no puede considerarse como un estado de derecho, sino como un ente enemigo del pueblo y de sus más caras libertades, logradas con muchos sacrificios, de ahí que el estado tiene el deber y la obligación de sujetarse a las leyes que lo rigen, porque si vivimos en un verdadero estado de derecho, el primero que debe respetar el marco legal es justamente el gobierno, no sólo los gobernados, porque la ley—cuando menos teóricamente—regula la conducta de todos, esto es, ante los ojos de ésta todos somos iguales.
Sin embargo, recientemente la detención de dos periodistas en la ciudad de Tepic, refleja una vez más que en México ejercer el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Ahora, el periodista—como solía decir Manuel Buendía—tiene que andar con pies de plomo, realizar su trabajo bajo la amenaza de ser confundido de terrorista y ser detenido como vil delincuente, tal como le sucedió a los reporteros Libni Tapia y Ricardo Esquivel Fierros.
Según las crónicas de los diferentes diarios de Nayarit, ambos comunicadores fueron reprimidos por la fuerza pública cuando realizaban en alguna clínica del ISSSTE un reportaje relacionado con el dengue, pero tal parece que a las autoridades estatales no les conviene dar a conocer las cifras reales de este flagelo que azota al estado, quizá para no alarmar a la población o tal vez porque se trata de una cortina de humo en momentos clave en que se discuten varias reformas en el Congreso de la Unión y en los Congresos estatales; basta recordar cuando el pueblo de México fue engañado con el famoso Chupacabras y más recientemente la supuesta existencia de la influenza, cuando esta sólo fue una estrategia para rescatar de la quiebra a la industria farmacéutica.
Por supuesto, no quiero decir con esto que no haya casos de dengue, pero sí pongo en tela de duda la actuación del gobierno, pues los antecedentes señalados son un claro indicador de hasta donde pueden llegar nuestros gobernantes cuando se trata de desviar la atención de problemas capitales como le reforma energética, entre otras, que se cocinan en el Congreso de la Unión.
Pero suponiendo sin conceder que la detención arbitraria de los periodistas haya sido por parecer terroristas, según la brillante deducción del Secretario de Seguridad Pública, David Pérez Landeros, revela el grado de incapacidad del jefe policiaco, puesto que cualquier alguacil de esquina les hubiera pedido que se identificaran inmediatamente, pero Pérez Landeros en lugar de hacerlo optó por la vía más cómoda, es decir, detenerlos sin el menor respeto a la ley, lo que constituye el delito de privación ilegal de la libertad.
De acuerdo a los reportes periodísticos, a la reportera Libni Tapia, se le detuvo porque descubrió que en la clínica del ISSSTE había alrededor de 200 pacientes con dengue hemorrágico, cifra que rebasa la capacidad de aquel centro hospitalario, y desde luego, a las autoridades no les convenía que tal información saliera a la luz pública, quizá por temor a que cunda el pánico, sin embargo la sociedad tiene el derecho de estar informada para tomar las medidas preventivas, pero al gobierno le interesa más cuidar su imagen que hablarle con la verdad a los nayaritas, pero ocultar esta clase datos en nada le ayuda al Gobierno de la Gente, por el contrario, lo perjudica.
El periodista Rafael González Castillo refiere en su nota que el Secretario de Seguridad Pública, antes de liberar a Libni Tapia, le pidió negociar la información que había recolectado para no dañar al ISSSTE, pero el profesionalismo de la reportera le impidió aceptar la absurda solicitud de David Pérez Landeros, quien seguramente se enfadó ante la negativa de la periodista y decidió enviarla a la cárcel, aunque para consuelo del gremio no fue encerrada, en cambio sí fue presionada para que no diera a conocer la información, que tratara de no hacer escándalo, que dejara las cosas por la paz, al grado de que analizara el llegar a un acuerdo y que las fotos y videos no se publicarán, escribió el periodista Mario Luna, pero un problema de esta magnitud no debe ser ocultado por ningún comunicador que tenga un mínimo de ética profesional, porque se trata de un asunto de salud pública.
En este contexto, es de meridiana claridad que los derechos de los reporteros detenidos fue un acto atentatorio a la libertad de expresión y una puñalada trapera al estado de derecho que debe garantizar el libre ejercicio del periodismo que no tiene más fin que mantener informada a la sociedad de todo lo que ocurre en su entorno, por lo tanto, el Secretario de Seguridad Pública, David Pérez Landeros y todos quienes participaron en la violación de los derechos constitucionales de los periodistas, deben ser sujetos a investigación por los probables delitos de abuso de autoridad, intimidación, hostigamiento, soborno, privación ilegal de la libertad y una vez comprobados los hechos dichos funcionarios tendrán que ser sujetos a juicio, en atención a lo dicho por el gobernador del estado, es decir, que en Nayarit no se permitirá ningún tipo de abuso, venga de quien venga