Ante violencia contra las mujeres, obligada la actuación preventiva, coordinada e inmediata de autoridades

*Concluyen en taller regional sobre aplicación eficaz de órdenes de protección en Nayarit

02 / Diciembre / 2013

Para prevenir una escalada de violencia contra la mujer, que pudiera llegar a un feminicidio, es necesaria la actuación coordinada e inmediata del ministerio público, los defensores de oficio y los jueces a fin de tomar las respectivas medidas de protección.

Esta es una las principales conclusiones del taller regional sobre la aplicación eficaz de las órdenes de protección en Nayarit, que tuvo lugar en la capital del estado por convocatoria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de nuestra entidad federativa, entre otras instituciones.

Del taller regional celebrado en un salón de eventos de Tepic, otra de las conclusiones es que el actual marco jurídico internacional, nacional y local faculta a los correspondientes servidores públicos para emitir de manera fundada y motivada las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia —protección de vida, se indicó en el evento—, por lo cual sólo es necesaria la disposición de dichos servidores a aplicar las normas a cada caso particular.


Se requiere la inmediata actuación de las autoridades desde el primer contacto, es decir desde que se tenga conocimiento de un caso de violencia contra las mujeres, de ahí la responsabilidad inicial del ministerio público, dijo en la clausura del taller la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, maestra María Elena Lugo del Castillo, representante del presidente de dicho órgano jurisdiccional y de la Conatrib, magistrado Édgar Elías Azar.

En el taller se indicó que en casos como los de Chihuahua, hasta un 93 por ciento de los feminicidios tuvieron su origen en la violencia familiar, por lo cual ésta debe prevenirse y erradicarse.

La violencia fue considerada una manifestación extrema de trato discriminatorio contra la mujer y se expresa en también en la trata, la violación y otras acciones ilegales.

Además se estableció que la perspectiva de género, tan necesaria en los servidores públicos para aplicar las medidas de protección en favor de las mujeres víctima de violencia, no se adquiere por obligación o disposición legal, sino que se forja de manera cotidiana en la convivencia pacífica y respetuosa en la vida de pareja y en familia.


En el arranque del taller, con la representación del magistrado presidente del Poder Judicial de Nayarit, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, la magistrada Ana Isabel Velasco García, integrante de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia, dijo que como juzgadores debemos observar no sólo lo dispuesto por los códigos sustantivo y adjetivo penal; también debemos atender las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, ordenamiento que —precisó— define a las órdenes de protección como actos de protección y urgente aplicación, considerando el interés superior de la víctima.


Agregó que tales medidas son las preventivas, emergentes, precautorias y cautelares. Además —dijo—establece que la negativa de acordar el otorgamiento de las medidas emergentes o preventivas de protección será considerada violencia institucional.

Finalmente, agradeció a las instituciones organizadoras que hayan considerado a Nayarit como estado sede del taller regional.

Entre los asistentes estuvieron también la representante de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia de contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, Teresa Medina, y la jefa del Departamento de Análisis Normativo del Inmujeres, Citlalli Vidal Otero, así como magistrados, jueces y secretarios de acuerdos o de estudio y cuenta del Poder Judicial de Nayarit; personal de la Fiscalía General, la Defensoría de Oficio y el Instituto para la Mujer del estado, así como de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Nayarit.

Como expositoras participaron la coordinadora de proyectos Equis Justicia para las Mujeres, María Paula Castañeda; la titular del 61º Juzgado de lo Penal del Distrito Federal, María del Rocío Morales Hernández, y la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Sandra Luz Verdugo Palacios, así como la consultora externa en materia de derechos humanos de las mujeres, Angélica Nohemí Ramírez Ramírez, y la experta del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C., Irma Villanueva Nájera.