Caso plantón de maestros; amparos dan palo al Fondo de Pensiones

*La sección 49 con la lentitud que ha actuado tarda meses en remitir las solicitudes de los maestros al Fondo de Pensiones
* Resuelven en juicio de garantías que no debe negarse el derecho de un maestro a su pensión, si cumple los requisitos para ello, sin fundar ni motivar el acto, sin sustento legal, pues ello viola la Constitución.

12 / Marzo / 2014

Por Oscar Verdín Camacho

Juzgados de Distrito en Tepic han resuelto por la vía de amparo varios casos de maestros de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se encuentran en plantón, frente a Palacio de Gobierno, en demanda de que procedan sus pensiones.

Y no hay vuelta de hoja: en los casos en que los requisitos sean cumplidos, debe proceder la solicitud en el Fondo de Pensiones.
Producto de esos juicios, a partir del uno de abril entrarían a pensión al menos nueve maestros que obtuvieron amparo en los últimos meses.

Uno de esos expedientes se estudió con el número 1357/2013 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil y Administrativo, en el que se detalla que la solicitud de pensión por parte de un maestro fue solicitada el 23 de abril del 2012, pero la respuesta en sentido negativo se le dio hasta el 30 de octubre del 2013.

Aquí cabe indicar que ha sido documentada la lentitud –y complicidad- con que ha actuado la Sección 49, tardando meses en remitir al Fondo de Pensiones las solicitudes de los maestros.

Debido a ello, se conoció que dos maestros acudieron directamente al Fondo de Pensiones y no al sindicato a entregar sus respectivos documentos de pensión, pero frente a la insistente negativa para recibirnos, tuvo que llamarse a un notario público para que diera fe de ello. Incluso, habría una queja administrativa en la Secretaría de la Contraloría.

VIOLA CONSTITUCIÓN
En el ya citado juicio de amparo, el juez federal Rogelio Alberto Montoya Rodríguez estudió la respuesta que el Fondo de Pensiones dio al maestro, explicándosele que de momento no sería pensionado puesto que se les daría preferencia a personas de mayor vulnerabilidad, mayores de 60 años, además de que se estaba en cierre del ejercicio fiscal 2013 del Gobierno del Estado y existía restricción a conceder más pensiones.

De acuerdo con la resolución del Juzgado de Distrito, cuya audiencia constitucional se efectuó el 29 de enero reciente, la justificación de la autoridad responsable careció de fundamentación y motivación, por lo que resulta violatoria del artículo 16 constitucional.

Lo explicó así:
Es indispensable que se cite la legislación, reglamento, mandamiento general nacional o bien internacional, e incluso sustento jurisprudencial, que los autorice a negar el otorgamiento de pensiones porque el solicitante no tenga una edad avanzada de sesenta años o más, no obstante que la ley de la materia establece una edad menor; así como también debe citarse el fundamento que les permita acordar en forma negativa la solicitud de la parte interesada, esgrimiendo que estaba pendiente de efectuarse el cierre del ejercicio fiscal dos mil trece y, finalmente, cuál es el ordenamiento jurídico que contiene la facultad que hicieron valer en el sentido de que se examinará su solicitud en la siguiente sesión del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones.
Al conceder el amparo, el Juzgado de Distrito resolvió también que debía efectuarse una sesión, en el Fondo de Pensiones, para analizar y discutir el expediente personal del trabajador aquí quejoso, a fin de estudiar la procedencia de pensión de retiro por edad.

Y la respuesta pronto se conoció: sí procedió la pensión, que iniciará el uno de abril.

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
A casi dos semanas de iniciar un plantón frente a Palacio de Gobierno, los maestros –hombres y mujeres- insisten en que no se retirarán hasta que se resuelva el problema que, estiman, afectaría a más de 400 profesionistas en el estado.

Algunas decenas de maestros acuden a sus escuelas y luego continúan en el plantón, en distintos turnos.
Reclaman que la pensión es un derecho y sin embargo algunos funcionarios lo están viendo como si se tratara de un favor.

Y aunque muchos están enterados de la vía del amparo al que han recurrido algunos colegas, obteniendo la protección de la justicia federal, se preguntan por qué tendrían que pagar a un abogado para presentar ese juicio si, insisten, la pensión es un derecho.