Arce Montiel exige al Tribunal Agrario proceda para el pago de más de 90 mdp a ejidatarios

20 / Marzo / 2014

Por Lourdes Huerta

Este miércoles cerca de las 10 de la mañana un promedio de 30 ejidatarios de Pantanal abanderados por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Arce Montiel se dieron cita en las instalaciones del Tribunal Agrario para solicitar a la magistrada María del Carmen Lizarraga Cabanillas, se proceda con imparcialidad y se les liquide los más de 90 millones de pesos a los verdaderos afectados de la construcción del Aeropuerto Amado Nervo, pues existen gentes oportunistas que a toda costa pretenden apoderarse de este dinero a sabiendas que no les pertenece.

Al ser recibidos por la titular del registro agrario el regidor perredista Arce Montiel fue muy claro al precisar, que el pasado mes de noviembre se visitaron estas oficinas y de nueva cuenta se pide su apoyo para que se quiten todos los obstáculos que impiden que los 86 afectados puedan recibir su pago.
Que se respete el acuerdo de la asamblea general que se llevó a cabo el 26 de septiembre del 2013, donde en el comisariado ejidal por mayoría se aprobó que el dinero se entregara de manera directa y en forma individual a cada uno de los afectados, siendo testigos autoridades agrarias, el titular de SEDATU, un notario público entre otros.

Pero resulta increíble que un grupo muy reducido de personas que no son ejidatarios, mucho menos viven en esta localidad han impedido que se les entregue su dinero, la verdad es inexplicable que se les de largas y largas a este asunto cuando ya debería de estar finiquitado.

El paso más difícil era que este recurso fuera liberado pero después de 3 décadas finalmente se logró que se entregara a través del FIFONAFE, -destacó Arce Montiel- que se han cubierto los procedimientos necesarios y no se han respetado.
Finalmente el integrante de la XXX legislatura le mencionó a la magistrada, que no se les diera más participación en este asunto tan delicado a gentes oportunistas, pues por justicia se les debe de pagar a los verdaderos afectados y las casi 15 hectáreas de uso común sean repartidas en el resto de los habitantes de este poblado.