Edición del Día
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VISOR NAYARITA: EL PETROLEO NUESTRO DE CADA DÍA
Por: Francisco Pérez Gómez
18 / Junio / 2014
El 1º de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá su segundo informe de gobierno, en él notificara a los mexicanos de lo realizado en estos primeros 18 meses y sin duda alguna comunicara entre otros asuntos sobre los avances que en materia de las reformas estructurales se han llevado a cabo, temas por demás trascendentes ahora que el desarrollo y la economía de México depende en gran medida de la aprobación de sus leyes secundarias sobre todo de lo referente a energía, telecomunicaciones y electoral, mismas que darán sustento a las reformas propuestas por el ejecutivo Federal. Los Senadores del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional – los Perredistas se han retirado de la mesa de negociaciones a través de las comisiones de energía, de hacienda y de presupuesto comenzaron la semana pasada con el debate del proyecto del primer dictamen en lo que corresponde a la materia energética, el cual promueve que sea la Secretaría de Energía quien elija el modelo de contratación correspondiente a cada licitación en materia petrolera, con esto, la Dependencia Federal podrá elegir entre contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia para las licitaciones que se llevan a cabo, este primer proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y reforman la ley de inversiones Extranjera, la Ley minera y la ley de Asociaciones Públicas Privadas establece más de 80 cambios a las iniciativas del presidente Peña Nieto. La reforma energética declarada constitucional el 18 de diciembre del 2013 avalada por 26 congresos locales modifica los artículos constitucionales 25,27 y 28 pero que está incompleta porque a la fecha no cuenta con la legislación secundaria que reglamente estas modificaciones constitucionales y cuya importancia radica en que en éstas se deberán señalar el funcionamiento real de los convenios con los inversionistas nacionales y extranjeros, de ahí la trascendencia de su aprobación.
Por otro lado, los Congresos Locales están obligados en los próximos 13 días a realizar los cambios acordes a las reformas de las leyes secundarias avaladas por la Cámara baja para que entidades y legisladores estén en la misma sintonía del desarrollo del país, de igual forma en este período deberán de ponerse al corriente en lo relativo a las leyes electorales, en este marco, el Secretario de Gobernación ha llamado a las legislaturas locales para que aprueben la reforma política misma que no es del agrado de algunos gobernadores porque tal consentimiento les significa que les quiten el control de las elecciones locales para ser entregadas al Instituto Nacional Electoral por lo que harán todo lo posible para que no sea aprobada, por otro lado, los senadores panistas amenazan con retirarse de las negociaciones y condicionan su autorización de las leyes secundarias de la reforma energética hasta que los parlamentos locales aprueben las leyes en comento, asuntos por demás significativos ya que en el año próximo, 17 entidades de nuestra república estarán inmersas en el vorágine de las elecciones y la ley señala que no pueden hacerse ajustes 90 días antes de que inicie el año electoral.
Reforma es sinónimo de cambios, pero éstos deben privilegiar el bien común y no la ganancia de unos cuantos es por ello que las fuerzas políticas de nuestro país se debaten en la aceptación o negación de dichos cambios estratégicos arguyendo sus conceptos y razones que pueden modificar el entorno actual de la sociedad mexicana. El objetivo de la reforma energética es que Pemex conserve sus fortalezas y pueda desarrollarse en nuevas áreas como mejor convenga a los intereses de los mexicanos aumentando la inversión tecnológica para que la paraestatal se convierta en una empresa competitiva y que la inversión extranjera sea una fuente de financiamiento sobre todo en la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos, en fin la aprobación de las leyes secundarias son de vital importancia y deberán ser lo más profundas posibles que garanticen el crecimiento económico y el empleo y que permitan reducir la pobreza y una mejor distribución del ingreso.