Retiran a Efrén Velázquez 11 años de inhabilitación

* La investigación contra Velázquez Ibarra regresa a la Secretaría de la Contraloría que podría dictar nueva sentencia, pero acatando lineamientos de amparo.

16 / Octubre / 2014

Por Oscar Verdín Camacho

La Secretaría de la Contraloría estatal dejará sin efecto la sanción que impuso hace dos años al ex titular de la misma, Efrén Velázquez Ibarra, inhabilitándolo entonces para ocupar cargos públicos durante 11 años.

Pero la investigación contra Velázquez por probable más uso de recursos continuará e, incluso, podría dictarse nueva sanción, sin embargo deberán acatarse aspectos marcados por el Segundo Tribunal Colegiado, que recientemente resolvió el número de amparo directo 98/2014.
Por principio, Velázquez, personaje identificado con el ex gobernador Ney González, sólo podrá ser investigado –y en su caso sancionado- por una fracción del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, pero no otras que fueron incluidas en la sentencia de diciembre del 2012, y es que no se le dio aviso en la audiencia a la que en su momento fue citado.
Lo anterior ha generado la interrogante sobre si la Contraloría insistirá en inhabilitar a Efrén Velázquez, o si, al disminuir el peso de la indagatoria, sólo alcanzará para sancionarlo con una amonestación. Aquí cabe añadir que a diferencia de hace dos años, parece haberse esfumado el choque del Gobierno del Estado con el grupo de Ney González, que ahora tiene amplia cabida en las dependencias estatales.

UN VOTO PARTICULAR
Luego de que en diciembre del 2012 el entonces secretario de la Contraloría Roy Rubio Salazar resolvió la inhabilitación de Efrén Velázquez por 11 años, éste presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Cuando este organismo confirmó el falló, Velázquez recurrió en amparo al Segundo Tribunal Colegiado.

Fue cuando se resolvió que la sanción incluía puntos no notificados a Velázquez en su comparecencia a la Contraloría, además de que debía especificarse si el entonces contralor Roy Rubio –ahora titular del Órgano de Fiscalización Superior- tenía facultades para dictar la sentencia.

Frente a ello y para dar cumplimiento al amparo, el TJA resolvió remitir nuevamente el asunto a la Contraloría, contra lo cual Velázquez presentó el amparo 98/2014 del que en párrafos anteriores se hizo referencia. Buscaba la protección de fondo de la justicia federal, sin embargo, se explicó, le fue negada, por lo que el asunto se remite a la Contraloría para que dicte nueva resolución.
Un aspecto que cobra importancia es si el secretario de la Contraloría Mario Alberto Pacheco Ventura firmaría la nueva sanción, en el supuesto de que así se determine.
Se indica lo anterior porque de los tres magistrados que integran el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado: José Fernando Guadalupe Suárez Correa, Hugo Alejandro Bermúdez Manrique y Germán Martínez Cisneros, éste último emitió un voto particular en el que puntualizó que lo adecuado era amparar a Efrén Velázquez porque el secretario de la Contraloría –en referencia a Roy Rubio- carecía de competencia para dictar la sentencia.

El magistrado Germán Martínez explicó que no por ser secretario de Contraloría debe suponerse que puede hacer cualquiera de las actividades que le compete a la Secretaría y a sus diversas dependencias. Ello no puede ocurrir en un estado donde impera el principio de legalidad.
Más adelante, añadió: era necesario facultar al secretario de Contraloría mediante un acuerdo para que pudiera realizar una acción que la propia norma le atribuye de manera expresa a un órgano determinado de la propia Secretaría. Esa atribución correspondería a la dirección General de Responsabilidades, a cargo de Luis Rodrigo Velasco Contreras.

La investigación que se sigue a Efrén Velázquez es producto de una auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública federal. Extraoficialmente se conoce que el gobierno estatal anterior habría canalizado más de un millón de pesos a la Secretaría de la Contraloría, para encubrir el mal uso de recursos.
En su defensa, Velázquez argumentaría que en todo caso la responsabilidad debería recaer en el área administrativa, no en él.

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