Penal de Tepic peligro latente: Huicot Rivas

23 / Marzo / 2015

Por Edmundo Virgen

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Huicot Rivas Álvarez, informó que la dependencia a su cargo, en su momento a emitido recomendaciones y un diagnostico penitenciario, que se suma al diagnostico nacional que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los cuales se hacen señalamientos sobre la precariedad que existe en el Centro de Readaptación Social (CERESO) Venustiano Carranza de Tepic, Nayarit y lo mismo se ha hecho en lo que concierne con las cárceles municipales.

En dicho diagnostico, se explica sobre el riesgo latente que existe por la ubicación del centro penitenciario, la sobre población que tiene genera también una condición de hacinamiento que no permite que se dé cumplimiento a los principios que establece la propia constitución en materia de los sistemas penitenciarios y de la inserción social, no existe la valoración necesaria, ni la implementación de acciones que sean tendientes a la reinserción social de los internos.

Agregó el entrevistado, que se debe de entender que cuando una persona es detenida, es juzgada y se encuentra carente de un tratamiento de reinserción social, entonces regresará a la propia sociedad generando mayores problemas y con ello se está violentando el principal derecho que tienen los ciudadanos, que es el derecho a la seguridad pública, tanto como el derecho que tiene el estado de brindar seguridad a la sociedad, para que se generen condiciones de desarrollo, la infraestructura penitenciaria es necesaria, es un aspecto básico y el actual centro de reinserción ya no cumple con su función y es necesario se construya uno nuevo.

De igual forma manifestó, que ellos acompañan las gestiones que el mandatario estatal está haciendo con las autoridades federales a efecto de lograr se canalicen recursos necesarios para la construcción de este nuevo penal, porque de no ser así seguirá cometiéndose la violación a los derechos humanos de los internos, porque no obstante que se hayan privados de su libertad, se hayan privados de sus derechos de libre tránsito y de algunos derechos políticos que se les son limitados por la propia resolución del juez, de ahí en fuera los demás derechos persisten, pero al estar en condiciones de hacinamiento impide que tengan otro tipo de actividad que pueda contribuir a esa reinserción social.

Por tanto, las condiciones que se dan en el CERESO no es propicia, ya que se está en un sistema de contención, es decir para evitar que se evadan los reos, cuando la propia constitución establece que haya un sistema de reinserción social y aunque las autoridades en el estado trabajan en la reubicación del penal, no se sabe cuando se podría dar, pero lo importante es que se haga a la brevedad, por que alrededor del penal existen centros educativos y áreas habitacionales, todos ellos con una gran concentración de población, lo que representa riesgos para los pobladores y para la seguridad de los internos, ya que su capacidad está muy rebasada, porque inicialmente se construyo para albergar 600 reos, luego se amplio para 800 y actualmente hay por el orden de 2 mil 700 internos, esto también impide una clasificación adecuada de acuerdo a los perfiles criminológicos, lo que a la vez provoca una contaminación de quienes son delincuentes primarios, con quienes son delincuentes habituales.

En los municipios este problema es grande, ya que las cárceles publicas no cuentan con la infraestructura penitenciaria, existe ausencia de atención médica, sicológica, siquiátrica, no cuentan con actividades culturales, deportivas y tienen carencias en la alimentación, debido a las limitaciones económicas de los ayuntamientos, por esto hay casos en que se alimentan de lo que los propios familiares les llevan y esto es parte del incumplimiento a la obligación que tiene el estado, ya que no es obligación de los ayuntamientos el estar administrando las cárceles públicas, ya que solo les compete atender aquellas infracciones que se cometen de manera administrativa, no a los que tienen procedimientos penales.
Por último, Rivas Álvarez comentó, que seguirán insistiendo en que se cumpla con el respeto a los derechos, y en el caso de los internos, el incumplir con los derechos de ese interno, se incumple con lo que la propia sociedad merece y debe ser atendida, porque de no ser así se violenta un eslabón importante de lo que constituye la cadena de seguridad pública, acotó.