Estado de los ESTADOS: Póker de gobernadores en capilla

Por Lilia Arellano

15 / Octubre / 2015

De prevalecer el Estado de Derecho en México, muchos gobernadores, ex gobernadores y ex funcionarios federales estarían tras las reglas. Pero el país es el paraíso de la impunidad y la corrupción; de las redes de complicidad entre pandillas de políticos que son realmente peligrosas células de crimen organizado. La aplicación de la ley contra personajes ligados a la política sólo se concreta cuando se trata de venganzas. En cambio, los casos de peculado, desviación de recursos públicos, delitos electorales y hasta del fuero común cometidos por servidores públicos encumbrados permanecen en total impunidad. No hay poder que toque a un político conectado o con nexos de poder con los integrantes de los tres poderes a nivel federal y estatales.

Por sus fallas, tropelías, abusos de poder, desviación de recursos financieros, muchos gobernadores deberían estar tras las rejas, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa; el chihuahuense César Duarte Jáquez; el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; o Guillermo Padrés ex mandatario de Sonora, solo por citar a unos cuantos ya que son muchos más los que faltan, la lista es muy, muy larga. Pero no se les aplica la ley. No son perseguidos por sus sucesores que en la gran mayoría de los casos les tienden un amplio manto de impunidad. No son tocados ni con el pétalo de un citatorio judicial. Las fortunas amasadas al margen de las legislaciones estatales y federal, las pueden disfrutar tranquilamente y por varias generaciones. No hay ex gobernador pobre en México, y la gran mayoría mantienen y multiplican sus negocios privados, construidos con dinero público, sin que nadie los moleste.

Para empezar, el gobernador Javier Duarte podría estar tras las rejas, aún antes de que termine su periodo. Ha acumulado grandes pasivos financieros, políticos y electorales. Tan sólo por el ocultamiento de los datos reales sobre la deuda de la entidad, podría ser llevado a juicio. Oficialmente, Veracruz tiene un endeudamiento de 44 mil millones de pesos, y se ubica como la tercera entidad más endeudada del país. A eso hay que sumarle el pasivo a proveedores que llega casi a los 3 años y que supera varios miles de millones de pesos. Tan sólo a la Universidad Veracruzana se le deben subsidios por 3 mil millones de pesos. Versiones de legisladores de oposición refieren que el endeudamiento estatal superó los 85 mil millones de pesos, injustificables por que no hay obra pública que los respalde.

Duarte se ha empecinado en dejar un sucesor que le cuide las espaldas y un Congreso estatal a modo para el mismo fin. Es una cuestión de supervivencia política, tiene miedo al futuro inmediato, por lo que no ha duda ni siquiera en enfrentarse con su mismo partido, y los senadores priístas Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla. Sus desplantes lo han convertido en intratable en la familia priísta. De perder la gubernatura ante un panista, que podría ser Miguel Ángel Yunes Linares, caería en el infierno político, pues éste ha prometido corretearlo, apresarlo y refundirlo en la prisión. De ahí el pleito con los Yunes panistas. De ahí la acusación contra Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, indiciado por una acusación de enriquecimiento ilícito, ejecutada por diputados duartistas. Duarte, en una total y absoluta muestra de deslealtad, les abrió la puerta a los Yunez y ahora encuentra en ello a quienes le darán una sopa de su propio chocolate.

A los senadores de su partido, Héctor y Pepe Yunes, los afecta y los agravia. Les complica el camino a la candidatura, lo que lo llevará a enfrentarse con el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que tiene en buena estima a Héctor Yunes, un antiguo colaborador. Es Veracruz un caso prioritario para la dirigencia de Beltrones. Están en juego 5 millones 724 mil 939 votos. Es un granero de votos para el PRI. Si la entidad se pierde en 2016, se podría perder la nacional en 2018. En las últimas elecciones, las ciudades importantes de Veracruz se perdieron sin grandes campañas por parte de candidatos de oposición. Fue el descontento y al inconformidad lo que provocó el voto de castigo.

También la relación de Javier Duarte con la prensa es pésima, derivada de asesinatos y agresiones contra periodistas cometidos en el Estado y fuera de él ya que aún sigue pendiente el caso de la Narvarte, señalamientos de autoridades locales sobre la posible relación de comunicadores con el crimen organizado, iniciativas de ley contrarias a la libertad de expresión. A eso hay que sumarle el reciente episodio del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien el 31 de julio fue hallado muerto junto con cuatro mujeres en un departamento del Distrito Federal, luego de haber acusado amenazas en Veracruz.
Desde que asumió la gubernatura de Veracruz, el 1 de diciembre de 2010, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), 10 periodistas han sido asesinados en la entidad: 3 en 2011, 5 en 2012, uno en 2014 y uno en 2015. Es la entidad donde se cometen más asesinatos de periodistas, y los crímenes quedan impunes por incapacidad o por falta de voluntad de las autoridades estatales. Si el tricolor logró brincar la elección intermedia y no salir sumamente derrotado se debe a la labor que como delegado realizó el ex gobernador Fidel Herrera, solo que ahora sí parece que se decidió por aceptar una embajada lo cual pone en tela de juicio que obtengan el triunfo.

ENRIQUECIMIENTO DE CÉSAR DUARTE
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está siendo investigado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, derivado de la denuncia del activista Jaime García, líder histórico de la izquierda en esa entidad. Senadores de todos los partidos, encabezados por el panista Javier Corral, demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda llevar a cabo con eficacia e imparcialidad dichas investigaciones.

La PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía estatal de Chihuahua tienen en su poder una documentada denuncia de hechos por los delitos tipificados por el Código Penal Federal, tales como peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y otros contra la legislación bancaria, cometidos por Duarte Jáquez y otros integrantes de su gabinete, como Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda; Carlos Gerardo Guerrero Hermosillo Arteaga, presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, entre otros.

Javier Corral acusa que César Duarte se ha convertido en el nuevo rico de la Rntidad. Es dueño de ranchos y hoteles, y propietario del 15 por ciento de las acciones del Banco Unión Progreso. Corral recuerda que desde hace dos años se empezó a hablar del incremento patrimonial del gobernador.
Chihuahuenses de varios partidos, de distintas asociaciones, de colegios, de sindicatos, académicos, líderes sociales, ha generado un movimiento ciudadano para acompañar la denuncia en contra de César Jáquez, en torno a la constitución del Banco Unión Progreso. Se establece que el 21 de marzo de 2013 fue aprobado por al Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la creación del Banco Progreso de Chihuahua, Sociedad Anónima, del cual Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda del gobierno del Estado es fundador y funcionario, mientras que el gobernador es uno de los principales socios con la adquisición del 15 por ciento de las acciones.

Dicha institución bancaria es una fusión de Unión Crédito-Progreso Sociedad Anónima, Akala, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, y Única Casa de Cambio, Sociedad Anónima. A esta última, el gobierno del Estado derivó depósitos con bajísimas tasas de interés, por 834 millones de pesos, fondeo que sirvió para que Banco Unión Progreso adquiriera un crédito de Grupo Financiero Scotiabank-Inverlat Sociedad Anónima, que tenía contra el adeudo del propietario del hotel Soberano en la capital de Chihuahua.