Estado de los estados: Caso Ayotzinapa: encubrimiento histórico

Por: Lilia Arellano

26 / Abril / 2016

Ciudad de México.- Como en su momento lo hicieron, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowsca, galardonados también con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, Fernando del Paso advirtió: México va en camino de un Estado totalitario. Las cosas no han cambiado sino para empeorar; continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo.

Hace apenas unos días, la única escritora mexicana en recibir, en 2013, el también denominado Nobel de la Literatura Española, Elena Poniatowska, destacó en Pátzcuaro, Michoacán: el presidente Lázaro Cárdenas del Río jamás hubiera permitido la entrega del poder al crimen organizado, ni la entrega del petróleo, tal como lo ha hecho el mal gobierno que tenemos hoy en día, así como tampoco hubiera permitido el crimen de los 43 estudiantes rurales de Ayotzinapa.

La periodista, autora de Hasta no verte Jesús mío (1969), La noche de Tlatelolco (1971) y Tinísima (1992), criticó la suave postura que ha tenido el Estado respecto a la permisión de facto a los grupos del crimen organizado.

De Octavio Paz –premio Cervantes 1981- todo mundo recuerda su renuncia al cargo de embajador de México en la India en 1968, en señal de protesta por la masacre del 2 de octubre de 1968. Fue el único funcionario mexicano notable que abandonó al gobierno por este motivo expreso.

En 1970, en Posdata, escribió: los estudiantes celebraron una reunión en la Plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre. En el momento en que los recurrentes, concluido el mitin, se disponían a abandonar el lugar, la plaza fue cercada por el ejército y comenzó la matanza. Unas horas después se levantó el campo. ¿Cuántos murieron? En México ningún periódico se ha atrevido a publicar cifras. Daré aquí la que el periódico The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable: 352 muertos. Los heridos deben haber sido miles, lo mismo que las personas aprehendidas. El 2 de octubre terminó el movimiento estudiantil. También terminó una época de la historia de México.

Paz, autor de Libertad bajo palabra (1949), El Laberinto de la Soledad (1950), ¿Águila o sol? (1951) y Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982), destacó la ferocidad de la represión mexicana, y reprochó que la intensidad de reacción del gobierno no se había visto ni siquiera en regímenes efectivamente amenazados por revueltas sociales.

En las elecciones federales de México en 2006 aún se recuerdan las duras críticas de Carlos Fuentes –premio Cervantes 1987- al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Tras el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al principio se mostró favorable a la candidatura del tasqueño para los comicios del 2012, pero poco antes de su muerte calificó a éste como a los otros candidatos, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, de mediocres y poco interesantes y aseguró que no votaría por ninguno de ellos.

El autor de La región más transparente (1958), Las buenas conciencias (1959) y La muerte de Artemio Cruz (1962), también lamentó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, estuviera ausente de la contienda porque, en su opinión, era el más inteligente.

Sergio Pitol –Cervantes 2005- y José Emilio Pacheco –Cervantes 2009- se han centrado en el trabajo literario y la difusión de la cultura, más que en la crítica o el ensayo político, aunque sus obras ofrecen una mirada desencantada de la realidad. Sin embargo, ahora, en foros internacionales destacó la declaración del escritor mexicano Fernando del Paso, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el día en que se convirtió en el sexto autor mexicano en recibir el Premio Cervantes:

Criticar a México en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayó: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan sólo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí me daría aún más vergüenza.

De un extremo a otro, lo mismo en la cultura que en el deporte, en la inseguridad como en la proliferación del narco, en las violaciones a derechos humanos, en tanto se desviven por engañar a los mexicanos ofreciéndoles paquetes turísticos, en la corrupción, la impunidad, los conflictos de interés, las compras y ventas fraudulentas, México va armando un rompecabezas indeseable para el mundo. Pero no nos equivoquemos, no es México ni su pueblo: son ellos, los gobernantes.

ENCUBRIMIENTO HISTÓRICO

La verdad histórica de Jesús Murillo Karam fue arrasada por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y quedó crudamente expuesto el encubrimiento histórico de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora a cargo de Arely Gómez González, en la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Junto con la aprobación de la Ley Atenco y las reformas a la legislación militar, son éstos rasgos claros delineantes de un Estado totalitario proyectado desde las administraciones de derecha panistas, pero cuajado en el régimen ultraderechista de Enrique Peña Nieto.

Antes de despedirse de México, los integrantes del GIEI lamentaron no haber localizado a los normalistas, pero en el reporte titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, recalcaron: no hay una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados e incinerados 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014; en ese lugar no existió incineración de estos cuerpos. Aún más, acusaron: las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en las desapariciones, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión oficial.

Reprobaron los obstáculos colocados por la administración de Enrique Peña Nieto a su trabajo; especialmente se les negó obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de las escenas de los hechos violentos en Iguala. Los soldados, destacaron, incluso tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas, pero no tomaron ninguna medida para protegerlos. Además, resaltaron, hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas, entre diferentes corporaciones policíacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros para evitar la salida de los autobuses de Iguala. En contraste, diversas policías dejaron pasar el llamado quinto autobús, clave en la investigación. Subrayaron: esta unidad ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.

El GIEI también acusa: la PGR habría sembrado pruebas y hasta restos óseos en la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y presentó material videograbador en el cual se observa a varios peritos de la PGR, en una arboleda cercana al río San Juan, manipulando y recogiendo huesos, el día 28 de octubre de 2014. Y señala: después de esta diligencia fue bloqueado el camino hasta ese sitio, por el cual fue impedido el paso a miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes venían del basurero de Cocula realizando su trabajo. También precisa: los integrantes del EAAF no estuvieron presentes en el momento en que se encontraron las bolsas con restos óseos del normalista de Ayotzinapa Alexander Mora Venancio, los cuales según la PGR fue localizada en el río San Juan.

Para Amnistía Internacional (AI) el demoledor informe del GIEI es una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, destaca: el GIEI acusa al gobierno de no haber seguido las líneas de investigación clave, manipular evidencias, proteger oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos responsables. También Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticó: el gobierno mexicano obstruyó la investigación, con el objetivo claro de confirmar su propia versión de los hechos, la cual carece de sustento y ha sido desacreditada.

Pero el Estado mexicano no entiende: la PGR refutó los señalamientos del GIEI. No obstante, reconoció que hay siete actas circunstanciadas y tres averiguaciones previos contra servidores públicos de la PGR que se presume participaron en actos de tortura contra 34 personas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eber Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, reconoció: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México y seguirá abierta hasta que se dé con todos los responsables.

Sobre el hecho de que se ocultó que los peritos de la PGR estuvieron, un día antes, en el lugar donde supuestamente encontraron restos de un normalista, a las orillas del Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el funcionario se limitó a decir: se analizará dicho material, en referencia al video presentado por el GIEI, y en el marco de la investigación determinará lo conducente.

¿Creerán verdaderamente en el olvido total?