Edición del Día

El Congreso del Estado se encuentra en el análisis del dictamen con Minuta Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas de un ilícito penal, según se dio a conocer como resultado de la Sesión Pública Ordinaria de este jueves.

Con lo anterior, la XXXI Legislatura local busca facultar, a la par del trabajo correspondiente de sus homólogos del resto del país, al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

De tal suerte que la aportación de los legisladores contribuirá a crear el marco jurídico que establezca el papel de las autoridades federal, estatal y municipales, acorde a las necesidades presentes, en cualquiera que sea el fuero en el que se prevé el ilícito penal de quien ha sido víctima u ofendido.

Por ello, de acuerdo con los objetivos planteados, se contará a su vez con la autoridad para reformar la Ley General de Víctimas o por el contrario expedir un nuevo ordenamiento en la materia y así sentar las bases para la armonización de todos los demás ordenamientos locales que regula la Ley General.

Sin duda, hoy más que nunca los derechos de la colectividad se encuentran en grave riesgo en virtud de la maldad que se esparce e infiltra en todo ámbito y latitud, que en lo sucesivo deviene en abusos perpetrados hasta por propios ejecutores del poder, y en consecuencia se vuelve también estrictamente necesario clarificarlos, al tiempo de crear el blindaje requerido para su absoluto respeto. Y que mejor que en este marco de esfuerzos mancomunados desde la federación, puedan definirse con total apertura las garantías a que tendrán los ciudadanos del cumplimiento integral e imparcial de los nuevos ordenamientos.

Porque no deja de ser lamentable, tal como lo describió con gran tino visionario el célebre filósofo René Descartes, que la multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios, ya que la misma ausencia de valores y la corrupción del hombre no hace más que buscar evasivas artificiosas a las normas que él mismo crea y jura respetar únicamente para simular que todo va muy bien en unidad, e inclusive hasta de legalizar sus propios vicios y sicopatías; por lo cual es imprescindible que el ciudadano más que conocer mayores compendios legales, obtenga el compromiso irrestricto de parte de las autoridades, así como las facilidades totales, sin las tradicionales -y a veces por demás dolosas barreras tramitológicas- para procurarles en cualquier caso que se presente. Sólo así será posible ir recuperando la credibilidad perdida ahora en la apolítica visión de no pocos de que el pueblo es la base para la manutención de una viciada estructura que finge servirle, en aras del bienestar de unos cuantos.

De conformidad, la suma pues, en este caso del Congreso del Estado al análisis de la propuesta en mención, abre la oportunidad de discusión en apego a la pluralidad partidaria y autonomía que deben regir en todo trabajo coyuntural en que esté en juego la salvaguarda de los derechos populares, a fin de contribuir estratégicamente a una comunicación tal que la gente comprenda a cabalidad el por qué, lo mismo que las bondades de lo que se efectúa en el recinto en que concurre su representación misma. ¿Se podrán ver los resultados pronto? Así se espera por el bien de todos.