Estado de los estados: Inseguridad, principal problema, dice Inegi

Por: Lilia Arellano

27 / Mayo / 2016

Ciudad de México.- El 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto prometió una nueva estrategia de seguridad cuyos resultados no se ven 41 meses después. La percepción de inseguridad medida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alcanzaba en el 2012 a un 66.6% de la población. Tres años y cinco meses después la situación es la misma: el 66.4 por ciento de la población colocó a la inseguridad en el primer lugar de sus preocupaciones; y el 50.9 por ciento señalaron a la corrupción, de acuerdo con la Tercera Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), levantada el año pasado por el Inegi. A lo anterior debemos agregarle el incremento de la pobreza, la depauperización del ingreso de los trabajadores, la desigualdad, el subdesarrollo y la grave crisis de derechos humanos, con lo cual el país camina hacia la ingobernabilidad y a un Estado fallido.

El impacto económico de la violencia en México fue de 2.12 billones de pesos el año pasado, lo que equivale a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reportó el Índice de Paz en México 2016, el cual es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En los primeros días de su gobierno, Peña Nieto dio a conocer una nueva estrategia de seguridad, con el fin de reducir la violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la actividad del crimen organizado no ha tenido variaciones significativas en la actual administración: se mantienen las altas tasas de homicidios dolosos, secuestros, violaciones, lesiones importantes, robos con violencia, extorsiones, etcétera. En estos rubros destacan el Estado de México, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Acapulco se mantiene como la ciudad más violenta del país. La creciente violencia y los altos índices de homicidios, secuestros y extorsiones en el Estado de México, principalmente en las zonas conurbadas con la Ciudad de México se refleja también en un aumento de delitos y crímenes en la capital de la República.

Ahora, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante el segundo Diálogo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia México-Unión Europea, sostuvo: México transita hacia un nuevo enfoque para atender la seguridad, al pasar del combate frontal al crimen a generar entornos de armonía en el mediano y largo plazos, a partir de un tejido social fuerte y oportunidades efectivas para el desarrollo individual y colectivo. El funcionario confió en que pronto se defina una alternativa para avanzar con la velocidad que México merece en materia de seguridad. La transformación debe darse en materia de justicia, fortalecimiento del sistema penitenciario y la reinserción social, además de la protección de los derechos humanos, la coordinación en materia de inteligencia y el uso de la información, precisó.

Mientras eso sucede, México resiente una caótica confluencia de transgresiones: incidencia de homicidios dolosos por organizaciones armadas; acciones impunes de criminales a la luz pública; control territorial de los grupos delictivos; imposición de peajes; impunidad ante cobros periódicos; secuestros masivos; trata de personas sistemática; control de policía y coacción por delincuentes en actividades comerciales ilícitas; intimidación a medios de comunicación. A lo anterior debe sumársele el control de las cárceles por los propios delincuentes; los centros penitenciarios se encuentran en régimen de autogestión por los presos.

El territorio nacional se encuentra en un estado de grave inseguridad y alarma social y con tendencia hacia un Estado fallido. Los propios datos oficiales muestran la grave situación del país en materia de seguridad: el estudio detalla que el índice de satisfacción que tiene la población sobre la policía fue de apenas 25.3 por ciento y la gente más expuesta a la corrupción fue quien trató con funcionarios de seguridad pública, pues padecieron dicho problema más de la mitad (55.2%), seguidos de quienes hicieron trámites con el Ministerio Público (23.7%).

Desde hace años, el país atraviesa una grave crisis de violencia y seguridad, como lo confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su vista a nuestra nación en septiembre y octubre del año pasado. Ese organismo internacional, en su informe anual dado a conocer en marzo de este año, advirtió: esa situación se agravó y desató una mayor violencia contra la población civil, en gran medida por la guerra contra el narcotráfico impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y la estrategia presidencial actual de Peña Nieto de conjugar las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y en labores de seguridad.

En México prevalecen las violaciones de garantías individuales e impunidad, recalcó la CIDH, la cual, dijo, no cambiará bajo el actual régimen debido a que no se ofrecen cambios sustanciales en políticas de seguridad, mientras continúan las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. La CIDH señala a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo al análisis de la CIDH, siete factores determinan la crisis que padece México en inseguridad y violencia: corrupción y crimen organizado, relación de autoridades con criminales, las autodefensas, la contratación de fuerzas privadas de seguridad, la desigualdad, la impunidad y el tráfico de armas. En el país, la corrupción y la impunidad han permitido a los grupos criminales establecer estructuras de poder paralelas, actuando coludidas con las autoridades. Estos grupos criminales se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo, cobro de piso, control de rutas de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y tráfico de armas. El crimen organizado es la principal fuente de violencia en territorio nacional y el Estado no ha dado una respuesta eficaz al problema.

El tráfico de armas es otro importante factor de la violencia en el país. Desde 2009, el porcentaje de armas ilegales (70%) traficadas a México de Estados Unidos se ha mantenido constante. Según especialistas, en territorio nacional podrían existir más de 20 millones de armas no registradas.