Estado de los estados: Ineptitud Nuño, la cara de la represión en la SEP

Por: Lilia Arellano

16 / Junio / 2016

Ciudad de México.- Espérenme tantito nada más me peino. Debió expresar doña Arely Gómez, titular de la PGR, siempre dispuesta a aparecer ante cámaras, lentes y micrófonos muy acicalada, cuando le anunciaron la puesta en libertad de otro célebre sinaloense: El Güero Palma. Guárdenlo, porfis, nada más en lo que encuentro algún cargo para llevarlo a una de las prisiones de aquí, seguro agregó. Y no puede ser esto último de manera diferente cuando se le tenía detenido en la frontera a la espera quien sabe de cuales documentos para acreditar se le abrieran las puertas. Se supone, nos dicen, ya debería estar en plena libertad, por lo menos así lo decretaron en el país en donde lo acusaron de traficar con drogas y lavar dinero, por eso lo sentenciaron, pago su o sus delitos de acuerdo a lo que dictan las leyes del vecino del norte, y con esas mismas lo liberaron. No se interpuso ninguna solicitud de extradición y sólo le estuvieron haciendo el favor a quien, como su homóloga del pasado y compañera de sector y de partido, no están atentas a sus responsabilidades.

Hasta el martes anterior no encontraban los expedientes del caso Palma, de ahí la declaración: se está revisando si tiene cargos pendientes en México. ¿Quién tiene conocimiento de la actuación de un supuesto narco carente, de lo que llaman cargos? Los que atrapan en nuestro país son acusados de todo, despojados de muy poco y enviados al país en donde dicen que los cuidan mejor. Con eso llega el borrón total, ya no existen ni cadáveres, ni bienes a decomisar, ni lavado de dinero, nada, nada, nada. Héctor Palma Salazar salió libre y es rico, muy rico, aseguran. Además de contar con pocos enemigos porque aquellos a los que señaló murieron o se supone que murieron.

Don Héctor no se fugó, tal vez porque no pudo; así que optó por portarse ejemplarmente, como no lo hubiese hecho en una prisión mexicana en donde lo primero es fácil de llevarse a cabo y lo segundo ni caso tiene ante la seguridad y los placeres de los que se goza. Doña Arely mandó traerlo en un avión oficial desde Matamoros. De Brownsville, Texas, a territorio nacional fue otro el transporte. Tanto era el miedo que a última hora hasta cambiaron el sitio de entrega. ¿Qué sigue? Por lo pronto ya revivieron el asunto del Cardenal Posadas e intentarán culparlo del crimen. Para ello ya tuvieron acuerdos con el gobierno de Jalisco para trasladarlo del Altiplano a Puente Grande, al penal de donde se fugó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Además, lo pusieron en oferta para lograr sean otros gobiernos, de otras entidades, quienes lo reclamen por otros asesinatos. Habrá recompensa para quienes entreguen expedientes.

De ahí que nada puede presumirse dentro de la administración de justicia, en la procuración de la seguridad con todo y la existencia de un gabinetazo encabezado por un sobre calificado responsable quien además maneja la política interna, el hidalguense al que le auguran no hacer huesos viejos en la dependencia a su cargo: Gobernación. Eso sí, sale y declara dejar caer todo el peso de la ley en los maestros disidentes, en los de la CNTE, en los que se hicieron de dinero con las comisiones entregadas por las casas de préstamo y por el crédito excesivo cobrado por éstas a sus clientes: maestros y burócratas de la educación. Osorio está contra la pared y la acorralada también le llegará por parte de las Iglesias ya que en esa Secretaría tienen el área dedicada a las relaciones políticas con las asociaciones religiosas.

El golpe dado en contra del PRI en las elecciones conocerá del brazo vengador a través del SAT en donde están preparando senda guillotina para quienes no entreguen al fisco su contabilidad electrónica. El plazo termina el 30 de junio para más de 8 mil 500 asociaciones. A partir del 2014 deben tener en orden el registro en medios electrónicos de ingresos y egresos y por supuesto la relación puntual de las facturas electrónicas. Nada dicen de las indulgencias y de la venta de éstas, se supone que no entran en el ámbito contable o no se sabía cómo registrarlas. La pregunta sería ¿ingresarán curas y pastores al Altiplano? Tal vez, si se rebelan y no piden perdón por el gran pecado cometido: oponerse a los deseos del presidente. Sucedió lo impensable: el infierno convertido en auditoría. Esos son los nuevos tiempos.

PIZARRONES AL REVES

El problema educativo del país se resolverá con inteligencia, imaginación y voluntad política, tres atributos de los cuales carece Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien utiliza la potenciación del conflicto magisterial para alimentar sus ambiciones presidenciales. La difusión y la expansión del movimiento magisterial en diversas entidades de la República están siendo enfrentadas por vías judiciales y policiales, dejando totalmente de lado el diálogo, la negociación y la concertación política con los docentes, a quienes se les califica de delincuentes y alborotadores.

Es en este contexto en el cual se da la auditoría a las nóminas educativas de varios estados, en busca de irregularidades, hasta el momento presumidas pero no localizadas; así como la continuación del proceso de despido de profesores que se hayan ausentado por tres días consecutivos durante las protestas contra la reforma educativa de las recientes semanas. El punto clave de esta estrategia represiva lo es sin duda la captura de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretarios general y de organización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), respectivamente, a quienes se les da un trato de criminales de alta peligrosidad en una cárcel de Sonora, en donde se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El monto de estos recursos fue dado a conocer de manera inmediata, sin tardanza alguna, sin mediar ninguna auditoría o tener comprobantes de lo que se acusa.

Dentro de este mismo esquema, hay órdenes de aprehensión contra 24 líderes más de la CNTE, como lo advirtió Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR). El escenario represivo lo completan las advertencias del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en el sentido de que las fuerzas armadas impedirán el bloqueo de las carreteras y aplicarán para ello el uso moderado de la fuerza a fin de librar las vialidades e incluso evitar la instalación de plantones sin el permiso de la autoridad. Y se sigue en el mismo tener, en el de aplicar amenazas y leyes en contra de quienes se rebelan a los mandatos pero no son capaces de hacer el más leve cálculo de lo defraudado por funcionarios federales, estatales y municipales. Esos no son enemigos del régimen, son cómplices.

No obstante, los maestros disidentes mantienen su lucha. En Michoacán, los docentes realizaron un bloqueo en las principales plazas comerciales de Morelia, en rechazo a la reforma educativa, los despidos y descuentos a paristas. Los inconformes atravesaron vehículos y carros de supermercado en los accesos a los puntos de venta. Agremiados a la Sección 18 de la CNTE bloquearon las plazas comerciales de Las Américas, La Huerta, Morelia, Quinceo y Fiesta Camelinas.

En la Ciudad de México, grupos de maestros de la CNTE protestaron en Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito. Los opositores a la reforma educativa repartieron volantes y muestran cartulinas exigiendo una mesa de diálogo con el gobierno federal y demandando la libertad de dos líderes de la Sección 22 de Oaxaca, detenidos el fin de semana.

La CNTE cumplió dos meses y dos días de protestas en la capital de la República y en entidades donde tienen presencia. En ese periodo, han instalado plantones en Oaxaca y Chiapas; han marchado en Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, donde han sido vigilados y cooptados por fuerzas de seguridad pública. Es esta la llegada de un autoritarismo muy anunciado.

NEGLIGENCIA ANTE ESCÁNDALOS

Como señalamos anteriormente hasta el momento, las autoridades de la PGR no han demostrado lo fundado de las acusaciones en contra de los 26 líderes de la CNTE. Sólo hay la presunción de actos de corrupción de la dirigencia magisterial. La energía y prontitud para detener a los dirigentes magisteriales contrasta con la negligencia de las autoridades ministeriales para iniciar investigaciones que lleven a sancionar a los responsables de escándalos nacionales e incluso internacionales, en los cuales están implicados funcionarios de primer nivel y destacados empresarios, como las operaciones privadas al amparo del poder público de Oceanografía, OHL, Higa y otras corporaciones, quien son no han sido tocados ni con el pétalo de un citatorio.

Es evidente la confabulación de las autoridades judiciales, quienes así se han convertido en cómplices de los funcionarios del Poder Ejecutivo quienes deberían ser investigados en dichos casos. De ahí la desconfianza de la sociedad en general y de la opinión pública en particular hacia las instancias de fiscalización y procuración de justicia por la insuficiencia de las actividades tomadas. Ante esta parálisis judicial, la corrupción oficial se ve blindada por la impunidad, lo cual afecta social, política y económicamente al país. El costo de la corrupción, de acuerdo con estimaciones de diversos organismos, se estima entre 400 mil millones en estos meses de paralización y un billón de pesos anuales en épocas normales.

Para enfrentar esto se han diseñado en el Poder Legislativo leyes anticorrupción carentes de los instrumentos de fiscalización y castigos necesarios. Diputados del PAN y del PRD reprobaron que el PRI y el PVEM en el Senado hayan debilitado la iniciativa ciudadana original 3de3 al grado de impedir que los funcionarios rindan cuentas sobre sus bienes y la evolución de sus fortunas, lo que va totalmente en contra de las demandas ciudadanas en la materia. Combatir la corrupción y meter a la cárcel a quienes se enriquecen con los impuestos que con tanto esfuerzo paga la población es una necesidad imperiosa para recobrar la falta de confianza que se tiene en las instituciones, destacó el vocero del PAN en San Lázaro, Jorge López Martín.