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Conjeturas: Se tipificará el delito de feminicidio
Francisco Cruz Angulo
08 / Septiembre / 2016
Haciendo eco a demandas de la sociedad nayarita el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda envió al Congreso del Estado presidido por el Dip. Jorge Humberto Segura López una iniciativa de reforma al Código Penal de nuestra Entidad que reconoce el feminicidio como un delito que debe de castigarse con severidad.
Este delito de grave impacto social se viene incrementando notablemente en Nayarit, lo que pone en riesgo la vida de cientos de mujeres que son violentadas por varones que bajo el influjo de las drogas o el alcohol cometen este tipo de delitos.
En la mencionada iniciativa implicará modificar el Código de Procedimientos Penales que incremente el número de años de cárcel y se indemnice a los hijos de las víctimas de manera que no queden desprotegidos.
Esta reforma al Código Penal de Nayarit para tipificar como delito grave el feminicidio había sido propuesta por la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, diputada Sonia Ibarra y por la diputada panista, Ivideliza Reyes.
Si tomamos en cuenta que la actual legislatura hay una representacion de un 40% de mujeres existen las condiciones políticas para que el feminicidio sea reconocido en nuestro actual Código Penal.
Otra de las asignaturas que estarán inscritas en la agenda legislativa del Congreso del Estado para este nuevo Periodo Ordinario de Sesiones serán entre otras la creación del marco normativo del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y de sus leyes reglamentarias.
El meollo de esta nueva estructura normativa será sin lugar a dudas el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción la Fiscalía Anticorrupción deberá gozar de autonomía, ejercer su propio presupuesto y contratar personal de investigación de probada capacidad profesional y honestidad en el ejercicio de las tareas de investigación.
El Poder Ejecutivo y Legislativo de nuestra entidad deben dar buenas señales de que se combatirá a fondo la corrupción en la que incurran los servidores públicos y que no sea el amiguismo o el compadrazgo los que protejan a los delincuentes de cuello blanco.
Como el lector recordará los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, el de Chihuahua, Cesar Duarte y el de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo se vieron envueltos en un escándalo nacional cuando antes de que se aprobaran las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción utilizando la mayoría priísta en sus congresos respectivos impusieron en los puestos claves del Sistema Estatal Anticorrupción a personajes muy allegados al titular del Poder Ejecutivo.
Ante esos grotescos hechos que pretendían blindar a los mencionados gobernadores para que no fueran investigados y sancionados por las numerosas corruptelas en que incurrieron estas administraciones estatales priístas, desde la misma Presidencia de la República se solicitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran declarados como anticonstitucionales.
En días pasados los ministros de la Suprema Corte dejaron sin efecto por anticonstitucionales los nombramientos de los titulares del Sistema Estatal Anticorrupción aprobados por los Congresos Estatales de Chihuahua y Veracruz.
Esta resolución fue un duro golpe a quienes pretendían garantizar su impunidad cuando entreguen la administración a sus sucesores.
Lo anterior debe ser un ejemplo para aquellos gobernadores que entregarán el poder en los próximos años y no incurran en este tipo de triquiñuelas aprovechando sus mayorías en los congresos locales