Válidas denuncias de Comisión de la Verdad; falta equilibrar la información: Juez Rodrigo Benítez

30 / Agosto / 2017

Segunda de 2 partes

Por Oscar Verdín Camacho

- Así es, o las puede revisar. Claro, nosotros no podemos dar una copia de las audiencias, pero las tienen las partes y cualquiera puede, sobre todo los particulares, hacerlo público. Todo queda ahí grabado y puede revisarse la actuación de jueces, ministerios públicos, defensores.

- Cuando las víctimas denuncian, te ha pasado que te pregunten qué puedes hacer para cuidarlos. El miércoles en el Congreso hubo señalamientos graves.

- De entrada hay que tomar en cuenta, por ejemplo en los amparos, que siempre se manifiestan violaciones a los derechos fundamentales. Aquí cuando se han hecho manifestaciones de actos de tortura, se ha ordenado abrir las investigaciones. Ha sucedido más de 20 ocasiones en el nuevo sistema y hemos ordenado abrir carpetas de investigación; en principio las mandábamos a la Procuraduría General de la República y posteriormente nos decían que no eran competencia, entonces los mandamos a la Fiscalía.

En el nuevo sistema, solamente en el 36 por ciento de los asuntos hemos impuesto la prisión preventiva como medida cautelar a los imputados; el otro porcentaje alto de medidas cautelares ha sido para la protección a las víctimas, como por ejemplo separación de domicilio de los agresores, restricción de acercarse a la víctima o a su domicilio.

El caso Ricardo García

La tarde del miércoles, el nombre de Rodrigo Benítez fue mencionado con crudeza por Ricardo García Contreras, uno de los 10 casos presentados por la Comisión de la Verdad en el Congreso del Estado: un juez de consigna, expresó.

García es secretario de acuerdos de un juzgado del Poder Judicial, en Acaponeta.

Al respecto, Benítez Pérez pone a consideración de cualquier persona que revise su actuar como juez en los dos procesos abiertos por la Fiscalía en contra de su compañero del Poder Judicial.

Los pongo a consideración porque él tiene los expedientes, lo que fueron los dos procesos, las dos carpetas. Y también el Ministerio Público los tiene, igual que los videos de las audiencias. Ahí se llevó el debido proceso. Fueron dos asuntos complicados y no hubo ninguna llamada de nadie, ni de ningún magistrado ni por parte de la Fiscalía.

Fue un asunto como todos los demás, donde el Ministerio Público viene y sostiene su imputación, la formula y solicita medidas cautelares, y tan es así que no hubo indicación, que el Ministerio Público en el primero de los procesos, por un delito de cohecho, en el cual una persona se manifestaba agraviada en un hecho contra el servidor público judicial, y que venía sostenida con algunos otros datos de prueba, entonces el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva –contra Ricardo- y yo en particular no la concedí.

Se concedieron medidas cautelares diferentes: se le dejó en inmediata libertad, nada más se decidió la separación provisional del cargo, y con esto queda evidencia de que se actuó conforme a la ley. Estos asuntos son difíciles porque se trata de un compañero, pero actué en estricto apego a la ley y aplicando mi criterio.

- ¿Qué pasó con él, se va libre y luego regresa por otro asunto?

- Si, las personas que están sujetas a medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, están siendo supervisadas por una institución especializada para ello. Están sujetas a ciertas medidas a cumplir, es decir, saben que se tienen que portarse bien.

El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público pedirá la prisión preventiva cuando una persona tiene una medida cautelar por delito doloso y luego tiene un segundo proceso. Entonces con la existencia de dos procesos, es suficiente para que en el segundo se imponga la prisión preventiva, que fue lo que en este caso pasó.

- ¿Él tuvo un segundo proceso?

- Así es, y me toca otra vez a mí. Y con base en el artículo 167 el Ministerio Público solicita la prisión preventiva y entonces sí se concedió. Este sistema es benévolo cuando tienes un solo proceso, para la primera vez, pero ya en la segunda el sistema es duro.

En este sistema, el 40 por ciento de los asuntos se resuelven en lo que se llama procedimiento abreviado, que es una decisión informada y nosotros tratamos de corroborar si la persona imputada está tomando una decisión informada, voluntaria, sin presiones y para eso está la audiencia y por supuesto el defensor. Y el compañero aceptó el procedimiento abreviado en los dos asuntos.

- ¿Cuando menciona tu nombre en el Congreso del Estado, qué pasó por tu mente?

- Yo concuerdo en la lucha que ha tenido el compañero Ricardo, pero no en las formas. Insisto, hemos tratado de dar la pelea, los jueces del fueron común en el Estado hemos tenido momentos en los cuales hemos sentido que quizás no hemos sido valorados en nuestro trabajo, tenemos muchos años con condiciones laborales estancadas.

Desde luego que hemos levantado la mano del por qué los jueces en activo no hemos sido considerados, por ejemplo, para los cargos de magistrado, pero también muchos de nosotros hemos elegido capacitarnos, subir nuestro nivel profesional, trabajar día con día, participar en foros, dar nuestras opiniones y de esta manera ganarnos el derecho a ser considerados para responsabilidades con base en nuestro perfil.

- Pareciera que nada más llegan a magistrados los amigos del gobernador en turno.

- El sistema de elección de los magistrados en todas partes del mundo tiene un factor político y un factor jurídico. No hay ningún sistema de elección en el mundo que no contemple una participación de los otros poderes. Ha habido y es deseable que gente también de la sociedad civil, académicos, se incorporen al Poder Judicial como magistrados y es benéfico, pero lo que nosotros hemos pedido es que tendría que ser equilibrado, que también se voltee a ver a los jueces, a quienes hemos hecho carrera judicial y sobre todo, insisto, levantamos la mano mediante la preparación académica, profesional.

ALGO GRAVE SUCEDIÓ

Lo acontecido el miércoles en el Congreso del Estado podría, efectivamente, criticarse en la forma, pero para nada deben ignorarse las violaciones a los derechos humanos ocurridas a manos de funcionarios estatales de manera crónica, sistemática.

Algo sumamente grave sucedió, o sigue sucediendo, como para olvidarlas de un plumazo.

No es cualquier cosa que el ex fiscal Édgar Veytia esté detenido en Estados Unidos. Hizo de su oficina un lugar de agresión física a muchas personas que, ahora se sabe y varias lo dijeron en el Congreso del Estado, pusieron al tanto de la situación al gobernador Roberto Sandoval Castañeda y no intentó poner remedio.

Y por si algo faltaba, esta racha de violencia sin límite que tan sólo el domingo dejó 11 muertos en Tepic y el vecino poblado de San Cayetano.