LA CREME: BUENAS NUEVAS PARA PERIODISTAS AGREDIDOS

Norma Cardoso

21 / Mayo / 2018

algunas voces que hablan de la ineficiencia de la FEADLE.

Primero, leímos sobre la detención de la Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, Tila Patricia Galera y del Juez de Primera Instancia del Poder Judicial de Quintana Roo, Javier Ruiz Ortega, por la probable iniciación, instrucción y determinación de un proceso penal por el supuesto delito de sabotaje en contra del periodista Pedro Canché, de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El periodista tomaba fotografías, grababa video y recababa información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado. Derivado de esto, Canché publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica a la atención a la población maya de dicha comunidad por parte de las autoridades estatales y municipales, algo que no gusto a dichas autoridades y posteriormente fue detenido Pedro Canché por acusársele de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un periodo de nueve meses.

En un comunicado de la PGR, se da a conocer que Tila Patricia, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una indagatoria, sin contar evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística.

Por otra parte, la FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier N, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje, el auto de formal prisión en su perjuicio y con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.

Otro comunicado que emitió la PGR, relacionado a periodistas, fue el de fecha 17 de mayo de 2018, donde a través de la FEADLE, se obtuvo de un juez federal, medidas de reparación y condiciones para garantizar los derechos de un periodista, tras una agresión en Nayarit.

La FEADLE presentó imputación en contra de quien fuera el titular de Comunicación Social del Estado, Rafael Vargas Pasaye, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de funciones, ya que en su calidad de servidor público, acusado de agredir a un periodista Irán Alí Santamarina, acreditando la FEADLE que fue con la finalidad limitar su derecho a la libertad de Expresión y evitar que continuara su trabajo en una radio pública estatal.

El imputado reconoció su plena responsabilidad en los hechos investigados por la FEADLE, se comprometió a reparar el daño causado y solicitó que se resolviera su situación jurídica de manera inmediata.

El juez ordenó a Rafael VargasPasaye, emitir una disculpa pública por la agresión; realizar el pago de tratamiento psicológico a la víctima por la afectación causada; la prohibición de salir del país sin autorización judicial por un periodo de seis meses; y tomar un taller en materia de derechos humanos y libertad de expresión para evitar agresiones futuras.

También la misma PGR, informó el pasado 18 de mayo que se vinculaba a proceso por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones a seis hombres entre ellos a Pastor Agustín Canul Zárate, que en el momento de los hechos era presidente municipal de Cacalchén, Yucatán, así como al director general de la Policía Municipal, un comandante y tres elementos policiales.

Lo anterior por los delitos supuestamente cometidos contra el periodista Mauricio Can Tec, por ejercer su trabajo periodístico en el municipio de Cacalchén, Yucatán. De acuerdo a la investigación, los acontecimientos se dieron mientras el comunicador documentaba periodísticamente hechos relevantes en el municipio, pero, agrega, al no ser del agrado de las autoridades locales ordenaron su detención y condicionaron su libertad a la eliminación de los registros fotográficos que recabó, así como su compromiso a no publicar la nota en la que trabajaba.