Vinculan a proceso a tres chiapanecos por trata de personas

01 / Agosto / 2018

Por Oscar Verdín Camacho

Enrique, de cinco años, identificó el nombre de sus padres pero permaneció callado cuando se le preguntó dónde están ellos, en qué lugar viven o por qué está en Tepic. Enrique es el más pequeño de los ocho menores que el 24 de julio fueron encontrados en dos cuartos de una vecindad de la colonia Lázaro Cárdenas, acompañados de tres adultos a los que se imputa el probable delito de trata de personas.

José Armando, Mauricio y Cristian, de 14, 12 y 10 años, serían hermanos y habrían arribado a esta ciudad con consentimiento de sus padres para que trabajaran. El segundo de ellos indicó que Efraín, uno de los imputados, le pidió permiso a su papá para que los dejara venir y les enseñó a hacer malabares con naranjas y limones para que se presentaran en distintos cruceros de la ciudad, solicitando alguna moneda a los ocupantes de vehículos.

En ocasiones los niños eran pintados como payasitos; una inspección ocular indicó que uno de ellos aún tenía marcas de pintura en la cara.

Lo anterior fueron algunos datos que este martes reveló la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante una audiencia de vinculación a proceso que encabezó el juez César Octavio García Torres; las entrevistas con los menores se realizaron el miércoles 25 y ahora se encuentran en una casa hogar.

La audiencia, programada a las 10 de la mañana inició después de las 11 y se prolongó hasta después de las seis de la tarde; tuvo varios recesos, por ejemplo la aceptación de María Esther Hernández, que fungió como traductor puesto que se dijo que Efraín y Juan no entienden bien el español, sólo la lengua tzotzil.

Lo singular es que más adelante hubo un nuevo receso, ya que la Fiscalía advirtió que la intérprete estaría hablando más de lo que decían los imputados, sin embargo no se localizó otro intérprete que verificara la declaración. La audiencia continuó, aunque de cualquier forma se apercibió a María Esther para conducirse debidamente, puesto que todo queda grabado.

La defensa particular animó la declaración judicial de los imputados, pero no aceptaron ser interrogados por la agencia ministerial que representó a la Fiscalía.

Miguel señaló que es artesano y llegó a Tepic el 23 de julio para vender collares y llaveros, y que el día 24 ya estaban acostados cuando arribó la policía a la vecindad: de nosotros no hay explotación señor juez, venimos a buscar la vida, en Chiapas comenzamos a trabajar desde niños. Los niños se quisieron venir pero no explotados, vinieron voluntariamente. No es justo, venimos a buscar para sobrevivir porque en Chiapas se gana muy poco, 40, 50 ó 60 pesos

Efraín se pronunció en el mismo sentido, citando que tenía 11 años cuando su papá murió: venimos a trabajar pero no a explotar a los niños.

Bajita la voz de María Esther, refería que Efraín decía que por ser pobres vinieron, por necesidad.

Por su parte, Juan repitió lo dicho por los primeros, añadiendo que entre los niños hay familiaridad con ellos.

El origen del caso fue una denuncia que presentó la directora del Centro de Justicia Familiar, Maby Urania Silva Guzmán, luego de conocer datos sobre largas jornadas de trabajo a que eran sometidos los niños y de una tarea de campo de trabajadoras sociales.

Este 30 de julio, Silva Guzmán escribió en Facebook:

El día mundial contra la trata de personas, es propicio para señalar que la pobreza extrema no justifica la explotación laboral de niños y niñas, por parte de terceros y el consentimiento de progenitores que, además, se encuentran en aptitud de laborar. Terceros y progenitores, en ese supuesto, inciden en delito y deben ser sancionados por ello.

En la sala de audiencias fueron presentadas, como testigos, dos señoras que tendrían parentesco con los niños e incluso anexaron actas de nacimiento de ellos. Se trata de mujeres de baja estatura que no hablan español, según la expresión con señas a este reportero.

La defensa particular insistió que no existía delito por el consentimiento para que los niños estuvieran en Tepic, mientras que la Fiscalía se pronunció en sentido opuesto.

El juez García Torres dictó la vinculación a proceso por el delito de trata de personas, explicando que el interés superior del niño está por encima incluso del posible consentimiento que hubieran otorgado los padres para que los niños trabajaran en Tepic, o de los usos y costumbres de una región, puesto que a su edad deberían tener otro tipo de actividades, por ejemplo recreativas.

Los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras dura el juicio, anunciándose un plazo de tres meses como investigación complementaria.

El caso estaría sentando un precedente en el estado.