LA CREME: PIDEN LIBERACIÓN DE TORTURADOS

Por: Norma Cardoso

12 / Octubre / 2015

Hace unos días, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recomendó al gobierno mexicano indemnizar y poner en libertad, a cuatro personas torturadas por militares en Baja California, en el año de 2009.
Los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal, fueron detenidos por militares, sin orden de aprehensión, ni presentación, en el conjunto habitacional Oceana, de playas de Rosarito, en junio de 2009. De acuerdo a la defensa, los militares los torturaron a las víctimas con golpes, descargas eléctricas en los genitales y asfixiándolos con bolsas de plástico.

El otro torturado es Ramiro López Vázquez, quien fue detenido en las inmediaciones del primer puente peatonal en la carrera libre de Tijuana –Rosarito, mientras descansaba de la jornada laboral y hablaba por teléfono celular con su esposa.
Los cuatro hombres fueron llevados en vehículos no oficiales, a dos casas particulares, donde se les torturó física y psicológicamente, amenazándolos con matarlos si no se declaraban culpables del delito de secuestro.

Posteriormente, los trasladaron al Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar, donde fueron presentados ante medios de comunicación como una banda de secuestradores, además de que fueron fotografiados con armas de grueso calibre.

Los cuatro jóvenes se les acusó de varios delitos federales y fueron obligados a firmar sus declaraciones ante el Ministerio Público, mediante tortura y con los ojos vendados.

Asimismo, estuvieron amarrados de pies y manos y sin ingerir alimentos, en las instalaciones militares de la Segunda Zona Militar, para después ser trasladados al 28 Batallón de Infantería de la Sedena, donde permanecieron bajo arraigo y pudieron ver a sus familiares.

El 31 de julio del 2009, fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, en Tepic, Nayarit, lugar donde esperan su sentencia. En el tiempo que permanecieron en la base, estuvieron dos semanas incomunicados, sin acceso a abogados ni a sus familias. Los detenidos dijeron a sus familiares que los habían sometido a palizas, semi-asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ejecución y privación del sueño a fin de que se inculparan unos a otros y firmaran confesiones falsas. No había más personal médico que unos médicos militares que supervisaban la tortura y reanimaban a los detenidos cuando perdían el conocimiento. Cuando sus familiares presentaron posteriormente denuncias, el caso fue trasladado al ministerio público militar, que cerró la investigación alegando que los expedientes médicos militares indicaban que los acusados no presentaban lesiones ni problemas de salud. Sin embargo, tales expedientes contradecían el certificado médico de la propia PGR, que encontró indicios de lesiones, como daños en el oído en el caso de Ramiro López Vázquez, que sufre actualmente problemas de audición. Cinco años después de su detención, la investigación de la CNDH aún no ha desembocado en una recomendación y los hombres y sus familias todavía no tienen acceso a los resultados del examen médico de la CNDH, que ésta se ha negado también a entregar a los tribunales. A pesar de que se presentó otro testigo para confirmar la tortura, la investigación de la PGR no ha determinado nada aún ni ha proporcionado ninguna información a los familiares.

Las organizaciones no gubernamentales que llevan su defensa: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial contra la Tortura, en marzo del 2012, presentaron una comunicación del caso ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), siendo la primera que se da en contra de México.

Ante esto, el gobierno mexicano analizará la liberación de los cuatro hombres que, en el año 2009, fueron torturados por elementos del Ejército mexicano y ser acusados de secuestro.
Lo anteriormente mencionado, se dio, luego de la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU, quien hace responsable al gobierno mexicano por la tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos, en el caso de los jóvenes mencionados.

El Comité de la ONU, insta a las autoridades del gobierno mexicano a la liberación de los cuatro acusados, quienes se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, en El Rincón, Tepic, Nayarit, acusados por el delito de secuestro. Pide, además, que se realice una investigación exhaustiva sobre la tortura de la que fueron víctimas y procesar, juzgar y castigar a los responsables, además de reparar el daño y rehabilitación a las víctimas.

Conjuntamente, se exhorta a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en Términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.