Conjeturas: Llegó a su fin el fuero constitucional

Francisco Cruz Angulo

26 / Mayo / 2017

Es alentador que la actual XXXI Legislatura estatal esté sentando las bases constitucionales para que en esta y en la próxima administración estatal todos los servidores públicos de elección popular desde el gobernador del estado, presidentes municipales, diputados, regidores y síndicos no tenga fuero Constitucional y que cuando alguno de ellos incurra en delitos de corrupción de inmediato sea puesto a disposición de los tribunales correspondientes.

El dictamen correspondiente que fue analizado y debatido en la comisión de gobernación y puntos constitucionales y luego aprobado por unanimidad en el pleno de la asamblea legislativa.

Por razones de seguridad personal quedaron con fuero constitucional los magistrados del Poder Judicial del Estado, Ministerios Públicos y jueces.

Esta quita del fuero constitucional a los servidores públicos estatales de elección popular indica la voluntad política de todos los partidos políticos y de los que hoy compiten por la gubernatura del estado; y a su vez es un mensaje esperanzador a los electores nayaritas de que gane quien gane se está comprometiendo a iniciar el combate a la corrupción y a la impunidad a partir de su propia representación.

Tomando en cuenta esta buena disposición de los partidos políticos y de sus candidatos hoy en competencia electoral y quienes actualmente gobiernan el estado me permito sugerir otras iniciativas o reformas de ley que pudieran hacer más creíbles el combate a la corrupción y a la impunidad en el que todos los candidatos a gobernador coinciden; a saber, uno, que todos los candidatos que participan hoy en la contienda estatal presenten públicamente su declaración 3 de 3 fundamentalmente los candidatos a gobernador, a presidentes municipales, a diputados y síndicos municipales.

Así conoceríamos los nayaritas cuál es su patrimonio familiar al inicio de su gestión y cual será al concluirla; se evitará el conflicto de interés de manera que ningún servidor público utilice su puesto para favorecer a sus personas, familiares, compadres, amigos o recomendados y su declaración de impuestos para conocer que cumplen sus obligaciones fiscales en las mismas condiciones que lo hace cualquier humilde trabajador.

Dos, que esta legislatura inicie el análisis y el debate y su probable aprobación para una reforma a la ley de adquisiciones de la administración estatal, es decir hacerla más rígida y transparente para que ningún servidor público del Gobierno Estatal utilice el tráfico de influencias, pago de diezmo o de favores recibidos en campaña electoral a terceras personas. Que en la licitación de los contratos de las obras y servicios públicos del estado de la administración estatal sean parejas para todos en donde se garantice a empresas de la construcción y proveedores de servicios calidad y buenos precios.

Tres, si todos los candidatos a gobernador manifiestan su voluntad de que ejercerán un buen gobierno entonces por qué no comprometerse a que si en los dos primeros años demuestran una manifiesta incapacidad para cumplir con su proyecto de gobierno entonces por qué no someterse a una consulta popular para que se le ratifique o dejen el cargo. Para ello sería necesario que se instituyera constitucionalmente la revocación de mandato.

Cuatro, para evitar todo tipo de suspicacias en el manejo del programa PROSA que hoy está siendo tan controvertido por qué no cualquiera de las bancadas partidistas en el Congreso del Estado promovieran una iniciativa de ley para que se institucionalice ese programa social. Este programa social fue encomiado por el candidato a gobernador de la alianza Juntos Por Ti, Antonio Echevarría García quien prometió ampliar su cubertura a una mayor cantidad de personas humildes. Entonces por qué no blindarlo desde antes que concluya esta administración estatal para quien gane quien gane la gubernatura del estado no lo desaparezca o lo utilice con fines electoreros. Así se les daría mayor certidumbre a los nayaritas beneficiados.

La última propuesta que exige voluntad política y congruencia con lo que han prometido la mayoría de los candidatos a gobernador, o sea el prometer que su equipo de gobierno será integrado por los mejores ciudadanos de experiencia y honorabilidad en cada una de las áreas del gobierno sin importar su filiación política o ideológica, entonces por qué no mandar otra buena señal a los electores nayaritas de que va enserio de que no se repartirán los principales puestos del gabinete gubernamental entre familiares, compadres, amigos y cuotas de poder a los partidos políticos.

Esta propuesta consiste que los candidatos a gobernador hicieran pública el nombre de los titulares de las principales secretarías de la próxima administración estatal, entre otras, el secretario general de gobierno, el secretario de finanzas, el secretario de obras públicas, el secretario de salud, el secretario de la SEDESOL, el secretario de economía y el secretario de educación.

De esta manera generarían una mayor confianza en los nayaritas para salir a votar el próximo 4 de junio. Los hechos valen más que cientos de rollos cargados de promesas

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