Dictan formal prisión a Jesús Francisco Domínguez, ex director General de Administración

20 / Diciembre / 2017

Por Oscar Verdín Camacho

El Juzgado Primero Penal de Tepic dictó auto de formal prisión en contra de Jesús Francisco Domínguez Hernández, quien fuera director General de Administración en el gobierno estatal de Ney González Sánchez –septiembre del 2005 a septiembre del 2011-, como probable responsable de los delitos de peculado, falsificación de documentos, y ejercicio indebido de funciones, por un monto de 89 millones 473 mil 448.57 pesos, en agravio de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado y la sociedad.

La resolución dictada por el juez Ramón Valdez Flores se conoció antes del mediodía de este martes, al cumplirse la ampliación del término constitucional solicitado por Domínguez, quien fue aprehendido el miércoles 13.

De manera extraoficial trascendieron fuertes presiones en los últimos días para que el juez decretara el auto de libertad. Durante la mañana de este martes, funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) del área jurídica y de procesos penales arribaron a los juzgados para dar seguimiento al caso, luego de que trascendiera que altos funcionarios del Poder Judicial del Estado sostenían una reunión con Valdez Flores.

Más tarde, localizado en el exterior de los juzgados, el titular del Juzgado Penal se limitó a confirmar a este reportero el auto de formal prisión por los citados delitos.

Según explicó personal judicial a Domínguez la semana pasada, tiene derecho a la libertad bajo caución pero una vez que garantice los más de 89 millones de pesos, así como con la exhibición de 30 mil pesos por concepto de fianza y 26 mil 508 pesos por posible multa.

Aparentemente hay una promoción de la defensa para que el monto sea disminuido.

Brota Documento de Contraloría

Como se conoce, la denuncia contra funcionarios de la época de Ney González fue presentada por el ex secretario de la Contraloría Roy Rubio Salazar –en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda-, ahora suspendido de la Auditoría Superior del Estado, pero coincidentemente, tras la aprehensión de Domínguez fue anexado un documento de la misma Secretaría de la Contraloría que lo exonera.

Llama la atención que la resolución administrativa en el expediente SCG/DGR/DR/PROC-RESP/042/2012 tiene fecha de 11 de julio del 2017, es decir, un mes y una semana después de la elección de junio pasado. Al ex director General de Administración le fue notificada el 14 de julio y está firmada por Luis Rodrigo Velasco Contreras, director General de Responsabilidades de la propia Contraloría.

Dice en una de sus partes:

Del análisis efectuado y descrito en el cuerpo de la presente resolución, se tiene por no acreditada la responsabilidad administrativa atribuida inicialmente en contra de Jesús Francisco Domínguez Hernández (), esto con motivo del expediente de auditoría turnado por la Dirección de Control y Auditoría Gubernamental –de- esta Secretaría, expediente en el que se determinó que los mencionados servidores públicos incurrieron en responsabilidad administrativa, determinación que en consecuencia procesal, impulsó el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas que ahora se resuelve, sin embargo, ya ha quedado asentado en el considerando concluyente que esta autoridad no tiene la certeza jurídica para acreditar la responsabilidad administrativa que les fue atribuida a los servidores públicos referidos.

Por lo que con fundamento en el artículo 67 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, es procedente determinar la no responsabilidad a favor de dicho ex servidor público.

Los Contrastes

El citado fallo de la Contraloría, dictado apenas en julio y a más de cinco años del inicio del expediente, no habría sido del conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que en la primera quincena de noviembre pasado consignó la respectiva averiguación previa y obtuvo orden de aprehensión contra varios ex funcionarios públicos, uno de ellos Domínguez Hernández.

La resolución de la Contraloría contrasta, por ejemplo, con varios proveedores que en declaraciones ministeriales negaron haber tenido alguna relación con dependencias del Gobierno del Estado en los años 2010 y 2011, y sin embargo brotaron facturas falsas con cantidades mucho mayor a las anotadas en las facturas originales, o bien las declaraciones ministeriales de trabajadores sindicalizados adscritos a Palacio de Gobierno que narraron cuando les endosaban cheques por fuertes sumas para que pudieran cobrarlos en diversos bancos, y luego regresaban con el dinero y lo entregaban a funcionarios de la entonces Secretaría de Administración.

La resolución de la Contraloría, aún en la época de Roberto Sandoval, choca con la consignación de la Fiscalía.