Por peculado vinculan a proceso a ex director de IPROVINAY; es un tema político, dice

20 / Agosto / 2018

Por Oscar Verdín Camacho

Fue tal el debate en torno a la situación del ex director del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY), Gerardo Hernán Aguirre Barrón, que la jueza de control Sandra Sánchez Covarrubias anunció un receso para estudiar el cúmulo de datos y poder dictar resolución en el expediente 820/2018, que a la postre sería auto de vinculación a proceso por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado, un caso ya citado por este reportero.

Era el mediodía del viernes 17.

La representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) insistió en cuestionar por qué, en febrero del 2012 Aguirre Barrón firmó un contrato de préstamo con Luis Carlos Mancilla Guzmán por 440 mil pesos, aunque de Mancilla no se encontró registro como contratista del IPROVINAY o que realizara una obra pública.

A su vez, la defensa particular reveló una relación, a través de una carta poder, entre el contratista Rubén Pérez Mora y el citado Mancilla, el primero de los cuales sí aparece como constructor de 24 casas en San Vicente, municipio de Rosamorada, a favor de familias que fueron reubicadas porque vivían muy cerca del río San Pedro. El total de las fincas fueron 42, pero las otras 18 recayeron en diverso contratista.

Se intentó justificar que al recibir el cheque, el ocho de febrero del 2012, y que cobró al día siguiente, Mancilla Guzmán actuó como apoderado de Pérez Mora.

La jueza Sandra Sánchez hizo una explicación detallada del asunto, en base al debate de las partes, sumándose al mismo un representante del Órgano Interno de Control como representante del IPROVINAY.

Un punto central del auto de vinculación a proceso es por qué el citado préstamo fue a Luis Carlos Mancilla y no, en todo caso, a Rubén Pérez Mora, que era el contratista.

La jueza remarcó el dato de que en el 2012 Mancilla Guzmán no aparece como contratista de la citada institución y que en el documento de préstamo inexplicablemente no se especificó que recibía el dinero como apoderado de Rubén Pérez Mora.

Sandra Sánchez Covarrubias aceptó la crítica del representante del Órgano Interno de Control en el sentido de que el contrato asienta una situación apremiante del contratista por recibir el dinero, cuando en todo caso la urgencia debía provenir de las familias asentadas en la margen del río San Pedro. Era una urgencia de él, no de la ciudadanía, apuntó la jueza.

Otra situación detallada es que el vínculo que se pretendió establecer entre Mancilla Guzmán y Pérez Mora fue una carta poder en copia simple pero no formalizada debidamente con poderes especiales, algo que a la autoridad judicial no le pareció razonable, resolviendo que el contrato resultó a todas luces ilegal.

De igual forma, el contrato de préstamo pasó por alto a la Junta de Gobierno del IPROVINAY.

Aguirre Barrón asistió a la audiencia e incluso emitió declaración sobre los hechos. Para entonces la defensa ya había anexado la documental de la entrega recepción de la dependencia, en junio del 2013, sin que su cliente hubiera sido llamado para aclarar alguna situación.

El también ex delegado en Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) explicó -tan rápido a veces que la jueza le pidió ir más lento- la urgencia por edificar las casas debido al riesgo de familias en San Vicente y a indicación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con el imputado, no existe delito por la relación, vía la referida carta poder, entre Luis Carlos Mancilla y Rubén Pérez Mora, además de que éste no cobró el finiquito de la obra, por 466 mil pesos.

No hay daño patrimonial, el dinero fue para vivienda. Y más adelante añadió: es un tema político, un cambio de administración, lo entiendo, entregué todo bien

Tras resolver el auto de vinculación a proceso, la jueza Sandra Sánchez Covarrubias concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.