Ya fue multado con 200 días de salario mínimo y se apercibió a la contralora Laura Monroy para que someta a su subalterno.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

Separado hace tres años de la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), exhibido públicamente con una suspensión de 11 años para ocupar cargos públicos dentro del Gobierno del Estado, Héctor Montes de Oca Ruiz va regresando golpe tras golpe.

Ayer, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) –que instauró el expediente 282/2006 y a quien corresponde dar cumplimiento a un amparo dictado a favor de Montes de Oca por parte del Tribunal Colegiado-, señaló que impuso una multa equivalente a 200 días de salario mínimo al director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, puesto que no ha acatado la orden de reinstalar al quejoso como presidente del Tribunal de Conciliación.

El dinero deberá ser depositado en una cuenta a nombre del tribunal administrativo, en Bancomer.

Y no sólo eso. Según un acuerdo del TJA, ha solicitado a la secretaria de la Contraloría Laura Monroy Berecochea que, en su calidad de superior jerárquico, exija al director de Responsabilidades Humberto Negrete Moreno el acatamiento del fallo o de lo contrario será destituido. Para ello le da un plazo de tres días a partir de que se reciba la notificación.

Pero el asunto no parece sencillo.

El propio director de Responsabilidades expuso al TJA que no cuenta con posibilidades jurídicas para reinstalar al amparista, y demostró que para hacer cumplir la sentencia de amparo remitió un oficio al Tribunal de Conciliación que, a su vez, le dio contestación en sentido negativo.

Esa polémica ha sido explicada aquí en ediciones anteriores y versa sobre lo siguiente: los integrantes del pleno del TCA se oponen al regreso de Montes de Oca argumentando que quien lo separó del cargo fue precisamente el pleno, en tanto que la Secretaría de la Contraloría, en un hecho aparte, lo inhabilitó 11 años para ocupar cargos públicos, resolución por cierto que ya fue anulada.

Sin embargo, ha advertido el actual presidente del TCA Román González Momita, Montes de Oca sólo se amparó contra el TJA pero por las acciones de la Secretaría de la Contraloría, no contra la decisión del pleno del Tribunal de Conciliación que lo destituyó, por lo que resulta ilógico que se ordene la reinstalación. González Momita ha insistido en que el pleno jamás fue llamado al juicio de amparo promovido por Héctor Montes de Oca.

Como quiera que sea, lo cierto es que la presión ejercida por el Tribunal Colegiado para que se acate su sentencia ya generó una multa del tribunal administrativo contra un alto funcionario de la Secretaría de la Contraloría que, además, podría ser cesado.

Además de la reinstalación en el cargo, el fallo federal establece la obligación de que Montes de Oca reciba el pago de todos los salarios que dejó de recibir desde que fue despedido.