Ordena Tribunal Colegiado frenar la orden de aprehensión contra el ex legislador Miguel González Ibarra; resuelve que transacciones por la venta de terrenos en que participó son de carácter civil, no penal.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

Un fuerte revés recibió la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y numerosas familias de Santa María del Oro al confirmarse que la orden de aprehensión dictada contra el ex diputado local por el PRD, Miguel González Ibarra, a quien se acusó por el delito de fraude, ha sido anulada mediante una resolución de amparo del Tribunal Colegiado de esta ciudad, tal y como fue adelantado en estas páginas la semana pasada.

Prueba de ello es que el lunes 11 de mayo, la comandancia encargada de mandamientos judiciales y ministeriales de la Policía Estatal Investigadora (PEI) informó al Juzgado Segundo de Distrito, donde se ventila el juicio de amparo original número 1316/2008, que ha dado cumplimiento al fallo  protector dictado a favor de González Ibarra.

Y también ayer el Juzgado Mixto de Santa María del Oro habría acatado la resolución, es decir, dejando sin efecto la orden de captura dictada dentro del expediente 37/2007 instaurado contra el ex legislador.

ASUNTO CIVIL, NO PENAL

El año pasado, cientos de personas provenientes de Santa María del Oro se manifestaron en Tepic frente a oficinas públicas para exigir la detención de González Ibarra, señalando que le hicieron pagos económicos a cambio de terrenos para la edificación de sus casas pero incumplió con la regularización de los mismos.

De acuerdo con información obtenida, el Tribunal Colegiado resolvió dentro del amparo en revisión penal 3/2009 que no fue acreditado el delito de fraude puesto que no hubo engaño en la citada transacción.

Explica en la sentencia que las personas presuntamente afectadas realizaron voluntariamente los depósitos a la cuenta de una inmobiliaria cuyo representante es precisamente González Ibarra, quien posee los documentos de los terrenos.

Es decir, insiste el fallo en que no se produjo engaño alguno entre las partes, por lo que concluyó que en todo caso se trata de un asunto de carácter civil, no penal.

DAÑOS POR 4 MILLONES

El peritaje que presentó la Procuraduría General de Justicia ante el Juzgado Mixto de Santa María del Oro refiere que en el caso los daños causados a  119 familias son por más de cuatro millones de pesos, puesto que muchas de ellas ya tienen construcciones pero no poseen las escrituras.

Respecto a los pagos en efectivo realizados, estos alcanzan un monto superior a un millón de pesos.

Cabe mencionar que si bien Miguel González Ibarra el año pasado obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Segundo de Distrito para comparecer ante el juez de Santa María del Oro, prefirió no hacerlo y así evitó dar una declaración oficial sobre los hechos denunciados.

Sin embargo tuvo que mantenerse literalmente a salto de mata, oculto, puesto que la orden de aprehensión estuvo vigente hasta esta semana, en que se ha acatado el fallo de la justicia federal pronunciado a su favor.

Ahora, como ya fue indicado, los quejosos deberán recurrir a una demanda de carácter civil, ya no penal.