Por Óscar Verdín Camacho.- Ajena, se supondría, a cuestiones que no sean de carácter legal, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) continuamente da la impresión de quedar expuesta a intereses políticos.

Recientemente, dan cuenta de ello los casos de dos personajes que han ocupado cargos públicos y de los que en estas páginas ya han sido apuntados los problemas legales que enfrentan.

VILLA VILLEGAS

Es el caso de Raúl Ernesto Villa Villegas, ex regidor por el PRI en el Ayuntamiento de Tepic y hasta el viernes cuatro dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado.

A mediados del año pasado, el Juzgado Cuarto Penal de Tepic le giró una orden de aprehensión pero la misma jamás fue cumplimentada.

El tres de agosto se produjo un atentado en el fraccionamiento Villas de la Paz en el que murió un acompañante de Villa Villegas, en tanto que éste resultó ileso. A partir de entonces, por un tiempo se le brindó seguridad con policías estatales, los mismos que supuestamente lo buscaban para cumplimentar la orden de captura.

Hace unas semanas, el Juzgado Cuarto Penal giró nuevamente una orden de aprehensión contra Raúl Ernesto Villa, luego de acatar un amparo para efectos dictado por un Juzgado de Distrito.

A pesar de ello, la semana pasada Villa trabajó en la logística para dejar el cargo en la CNC, evento que tuvo lugar el viernes cuatro y durante el cual permaneció en medio de la dirigente estatal del PRI Griselda Esparza, y del diputado federal Manuel Cota.

ADRIÁN AVENDAÑO

Una situación similar es la que protagoniza el que fuera secretario de Agricultura, Adrián Avendaño López, durante el gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza (1993-1999), que enfrenta cargos como presunto responsable del delito de fraude en agravio de productores de mango.

Tal y como se ha informado aquí, Avendaño obtuvo un amparo para efectos de que fuera fundada y motivar la resolución del Juzgado Mixto de San Blas, mismo que le giró otra orden de captura a finales de enero pasado.

Pero tampoco en el caso Avendaño la PGJ ha dado muestras de realmente intentar su captura, puesto en varias ocasiones se ha dejado ver públicamente.

Incluso, el año pasado se presentó al propio Juzgado Mixto de San Blas para la toma de una declaración preparatoria. Lo insólito es que nadie quiso saber en ese momento que se le achacaba un delito grave y por el que debió ser detenido. Sólo después se le giró una orden de reaprehensión.

Los casos Villa Villegas y Adrián Avendaño ilustran la pobre libertad que suele tener la Procuraduría General de Justicia para proceder contra personas que tienen algún peso político.