TEPIC.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Nayarit, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, convocó a los peritos y auxiliares de la administración de justicia a cumplir su labor en los juicios en que se requiera su participación, con profesionalismo, ética y responsabilidad social.

Luego de la entrega de constancias a 116 profesionistas o expertos en diversos artes u oficios que integrarán la lista de peritos y auxiliares de la administración de justicia de marzo de 2011 a febrero de 2012, el magistrado Enríquez Soto consideró que lo importante en un juicio donde se requiera la intervención de dichos especialistas no es quién tiene más dinero para el peritaje sino a quién le asiste la razón legal.

Por ello, dijo que considerando también la preocupación por cobros excesivos, expresada por diversas personas que han sido o son parte de algunos juicios, las autoridades judiciales promoverán que se expida un arancel de peritos para regular el cobro de honorarios, como el que está vigente desde el año pasado en Nayarit respecto del servicio de los abogados.

Asimismo, el magistrado presidente destacó la necesidad de que autoridades, peritos y auxiliares de la administración de justicia elaboren de manera coordinada un Código de Ética de observancia obligatoria para dichos especialistas, con el fin de que éstos cumplan la función para la cual se les ha otorgado constancia por tiempo determinado.

Añadió que, de manera complementaria, el Poder Judicial elaborará un proyecto de adición al Código Penal para el Estado de Nayarit a fin de que se considere un delito el prevaricato pericial, es decir que se penalice la elaboración de un dictamen o peritaje al modo de quien lo paga, sin la justificación técnica y científica necesaria.

Sobre dicho proyecto se consultaría a las partes interesadas, entre ellas los propios peritos que —aclaró— no son empleados del Poder Judicial sino especialistas externos cuya constancia es revocable.

Varias personas que acudieron a recibir su constancia en el mencionado acto hicieron uso de la palabra y coincidieron en la necesidad de que el servicio pericial y de auxilio de la impartición de justicia se ajuste a las normas legales y éticas.

En su oportunidad, el magistrado Román Carlos Rafael González Momita, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia e integrante de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, destacó que tanto los servidores judiciales como los peritos deben atender responsablemente al único patrón que tenemos: la verdad.

Previamente, hizo uso de la palabra la jueza Ana María Rosales Vázquez, presidenta de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, para precisar que la prueba es un elemento esencial del juicio y con frecuencia se requiere el auxilio de personas con conocimientos especiales en una materia para contar son suficientes elementos de decisión, por ejemplo para demostrar si la enfermedad de un presunto incapaz es persistente y si ésta lo imposibilita para gobernarse a sí mismo.

Los peritos —agregó— no van a emitir alguna decisión, se limitan a exponer sus opiniones, ajustándose a lo ordenado procesalmente; al juez le corresponde valorar esas opiniones, concatenándolas, claro está, con lo debatido por las partes y con los demás medios probatorios aportados.

Al término de la mencionada ceremonia se hizo del conocimiento de las personas que recibieron su constancia como peritos o auxiliares de la administración de justicia que tienen todo el mes de marzo para hacer aclaraciones respecto de la correspondiente acreditación.

En dicho acto también estuvieron los magistrados Raúl Gutiérrez Agüero y R. Adrián Rodríguez Alcántar, integrantes de las salas Constitucional-Electoral y Civil del Tribunal Superior, respectivamente.