ÓSCAR VERDÍN CAMACHO .-
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado está imposibilitada jurídicamente para reinstalar al ex presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Héctor Montes de Oca Ruiz, advierte el subsecretario Jurídico Pedro Antonio Enríquez Soto.
“Hay una excusa fundada, no se trata de un capricho”, añade el funcionario del gobierno estatal, que da puntual seguimiento a la advertencia lanzada por el Tribunal Colegiado de esta ciudad, en el sentido de que si no es acatado el amparo concedido a Montes de Oca, remitirá al expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva la procedencia de destitución y posible consignación judicial de los funcionarios que resulten responsables, como fue informado en la edición de anteayer.
Esa imposibilidad, explica Enríquez Soto, se produce porque la Secretaría de la Contraloría ya intentó efectivamente reinstalar al quejoso, pero hasta entonces se enteró que el Pleno del propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) había cesado a Montes de Oca –hace tres años-, antes de la resolución de la propia Contraloría.
Por lo tanto, añade el funcionario, la Secretaría de la Contraloría no puede ponerse por encima del fallo emitido por el Tribunal de Conciliación, que además fue dictado antes.
Prueba de ello, dice el subsecretario, es que el propio Montes de Oca fue notificado en su momento de su cese a manos del TCA, mismo que no combatió ante las instancias legales.
“Esta es la circunstancia que informa la Secretaría de la Contraloría al Tribunal de Justicia Administrativa –a quien el Colegiado exige el acatamiento del amparo-, que hay un impedimento jurídico, una excusa fundada para concretar la reinstalación. No podemos anular una resolución que no fue materia del juicio de amparo”, completa, en referencia a la postura del Pleno del TCA sobre Montes de Oca.
Cuestionado sobre si aún con ello el Tribunal Colegiado insiste en manifestar que no se acató el amparo y lo remite a la Suprema Corte, Enríquez señala que en ese supuesto la Corte analizaría si existe o no la imposibilidad relatada para cumplir el fallo.
Agregó que la Secretaría de la Contraloría ya remitió al tribunal administrativo su posición sobre el asunto, por lo que éste hará lo propio al Tribunal Colegiado.
Por este asunto, el TJA multó con 200 salarios mínimos al director de Responsabilidades de la Contraloría, por lo que ahora ha solicitado el acatamiento del amparo a la titular de la dependencia, Laura Monroy.
