Óscar Verdín Camacho .-
Puesto que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es autónomo y no tiene superior jerárquico, el Tribunal Colegiado decidió requerirlo nuevamente -en lo que ya parece un caso que cayó en un círculo vicioso- para que sea cumplida la reinstalación y el pago de salarios caídos de Héctor Montes de Oca Ruiz, quien fuera presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).
Y es que, tal y como lo informó la semana pasada el subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, la Secretaría de la Contraloría –a quien competería llevar a cabo la reinstalación- respondió al tribunal administrativo que de plano le es imposible llevar a cabo la ejecución del amparo dictado a favor de Montes de Oca.
Frente a ello, el TJA acordó en sesión celebrada el 26 de mayo, remitida ya al Tribunal Colegiado, que en efecto “es de imposible ejecución” el fallo federal, e incluso le anexó constancias para probar su postura.
Sin embargo, el Colegiado no dio por concluido ese asunto y ayer anunció que ha dado un plazo de 10 días para que el tribunal administrativo demuestre el acatamiento de la ejecutoria de amparo, o bien exponga “de manera fundada y motivada” las razones que tenga en relación al incumplimiento de la sentencia.
Y, al igual como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el tribunal federal advirtió que de otra forma se continuará con el procedimiento contra los funcionarios que resulten responsables, para que se ordene la separación del cargo y consignación penal ante un juez de Distrito.
La Secretaría de la Contraloría y el TJA han resuelto que es imposible reinstalar a Montes de Oca puesto que fue separado como presidente del Tribunal de Conciliación por el propio Pleno de ese organismo y antes del fallo emitido por la Contraloría, consistente en su cese –aunque ya no era funcionario- y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sólo esta última parte es la que ha sido acatada.