* Inicia el magistrado Jorge Armando Gómez Arias una defensa insólita: dos amparos –uno desechado y otro aún no admitido-, y una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
* Gómez Arias y Miguel Madero, titular del ITAI, se la juegan: la gloria, si ganan el pleito, o el rotundo revés.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

Un inusitado enfrentamiento legal, que incluso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de una controversia constitucional, ha iniciado entre el Poder Judicial del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) en Nayarit.
Aunado a ello, el Poder Judicial a través de su presidente, el magistrado Jorge Armando Gómez Arias, en las últimas semanas interpuso dos juicios de amparo, uno directo ante el Tribunal Colegiado y otro indirecto en el Juzgado Tercero de Distrito, para combatir resoluciones del ITAI mediante las cuales se le exigió la entrega de información solicitada a través de la Ley de Transparencia.

Las diferencias entre ambos organismos son tales que es de llamar la atención que el magistrado Gómez Arias haya recurrido a la controversia constitucional por asuntos que parecerían menores frente a lo ocurrido el año pasado, cuando el Poder Ejecutivo se adjudicó la administración de recursos que antes tenía el Poder Judicial, y sin embargo la única protesta de los magistrados fue un escrito dirigido al gobernador Ney González Sánchez que, por cierto, desestimó, pues quien les dio contestación fue la entonces secretaria General de Gobierno Cora Cecilia Pinedo Alonso.

RASTROS DEL PLEITO

Un seguimiento realizado en los listados del Juzgado Tercero de Distrito y del Tribunal Colegiado, ambos de esta ciudad, dan cuenta de cómo la situación fue agudizándose en las últimas semanas, sino es que  meses.

Por ejemplo, el juzgado federal ha dado cuenta de un juicio de amparo al que se le dio el número 775/2009, promovido a mediados de mayo pasado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra del Instituto de Transparencia, pero sin embargo el mismo fue desechado.

Ayer, por cierto, el Tribunal Colegiado reveló que ha aceptado el recurso de revisión 295/2009, a petición del propio Gómez Arias, que intenta contrarrestar el citado desechamiento del Juzgado de Distrito.

Más aún: un acuerdo hecho público el 11 de junio da cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría de Acuerdos ha solicitado copias certificadas de ese expediente, puesto que tiene relación con la controversia constitucional número 49/2009, formulada por el magistrado Gómez Arias y admitida el cuatro de junio.

La misma, por cierto, fue turnada al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Y falta otra situación extra: en lo que se antoja una situación extraña, el magistrado Jorge Armando Gómez Arias tramitó otro juicio de amparo, directo en este caso ante el Tribunal Colegiado, y aunque si bien se trata de un caso distinto al de la controversia, ambos son un tanto similares y en el fondo se reclama la misma acción del Instituto de Transparencia.

Es decir, queda la impresión de hay un intento por salvar alguno de los dos asuntos, o bien a que si no se le pega por un lado, se le da por el otro.

Pero en el caso del amparo directo, aún cuando el viernes 29 de mayo se le dio el número 625/2009 y se hizo público el lunes uno de junio, hasta ayer el Tribunal Colegiado no había informado si ese juicio fue realmente admitido.

En el acuerdo del uno de junio, la autoridad federal precisó que “antes de proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo”, debía requerir al ITAI para que realice la certificación sobre la citada demanda y fecha de notificación de la resolución combatida.

ENTRE LA GLORIA Y EL RIDÍCULO

En medio del pleito que protagoniza el Poder Judicial, representado por Gómez Arias, y el ITAI, presidido por Miguel Madero Estrada, una cosa es cierta: ambos quedaron, literalmente, en la mira, entre la gloria, si es que ganan el litigio, o el revés, si lo pierden.

Ya el desechamiento de la demanda inicial en el Juzgado Tercero de Distrito representó un primer golpe contra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura local.

Pero además llama la atención que se haya recurrido a distintos tribunales, incluida la Suprema Corte, cuando parecería que se trata de asuntos sin mucha relevancia, comparado, como ya se anotó líneas arriba, a la reforma efectuada el año pasado y que  retiró del Poder Judicial diversos recursos para pasarlos a la administración del Poder Ejecutivo con el argumento de la atención a las víctimas de los delitos.
En este asunto, a pesar de que hubo muchas voces que pedían la controversia constitucional, incluidos jueces y secretarios de acuerdos, los magistrados del Poder Judicial evitaron el enfrentamiento con el gobernador Ney González Sánchez.

LÍO POR ACTAS Y POR KARLAS

La decisión de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con una solicitud de información planteada el año pasado por Karla Rosario Bizarrón Trejo. Entre otros puntos, ella solicitó copias certificadas de las actas de sesión del Consejo de la Judicatura efectuadas entre los meses de mayo a septiembre del 2008.
Aunque la Unidad de Transparencia del Poder Judicial le respondió que se trataba de información reservada, el ITAI resolvió -mediante el correspondiente recurso de revisión interpuesto por Karla Rosario- que los documentos fueran entregados, situación que la institución demandada decidió acatar.

Sin embargo, el problema mayor surgió cuando la solicitante de la información se inconformó con el precio que debía cubrir para obtener los documentos, por lo que recurrió nuevamente al ITAI para combatir ese apartado, lo que generó que el Instituto de Transparencia requiriera, efectivamente, una disminución en los costos.

Esa es la parte que reclama el magistrado Gómez Arias: que se le dio una oportunidad a la quejosa que no cabía en el expediente puesto que, afirma en la controversia, ya había sido advertida de que si en un plazo no mayor de tres días no recogía los documentos, previo el respectivo pago, el Poder Judicial no sería obligado a la entrega de los mismos y quedaría libre de cualquier responsabilidad.
Según el magistrado, el hecho de que el ITAI  modificara su propio acuerdo, y que al Poder Judicial se le exija su cumplimiento, representa una violación constitucional.
Lo paradójico, como ya fue mencionado, es que el magistrado presidente reclama una situación similar en el amparo directo formulado ante el Tribunal Colegiado, aunque en este asunto la solicitante de información es otra Karla: Karla Miriam Villarreal Arce.
A través de la Ley de Transparencia, Villarreal requirió copias de sesiones del Consejo de la Judicatura, copias de procedimientos instaurados contra empleados del Poder Judicial, de denuncias administrativas y de resoluciones disciplinarias, entre muchos otras.

Así, nuevamente el volumen de documentos fue importante, lo mismo que el monto económico a pagar por las copias, situación que ella reclamó ante el ITAI y obtuvo el mismo resultado que Karla Rosario.
Al solicitar la protección de la justicia federal, el magistrado Gómez Arias reclamó que el Instituto de Transparencia en lugar de modificar un acuerdo en beneficio de la peticionaria de información, debió eximir al Poder Judicial de la entrega de los documentos puesto que a la solicitante le transcurrió el término que se le había impuesto para hacer el pago y recoger las copias requeridas.

Y LO QUE FALTA

Por cualquier lado que se le vea, los tres juicios iniciados ante las instancias federales tarde o temprano dejarán mal parada a una de las dos instituciones involucradas y, por consiguiente, a sus respectivos titulares: Gómez Arias y Madero Estrada. Incluso, por qué no, a la Cámara de Diputados y al Gobierno del Estado, si es que el pleito arroja, de rebote, alguna inconstitucionalidad en la Ley de Transparencia que rige en Nayarit.