Por Óscar Verdín Camacho.- La detención, la semana pasada, del ex director del Seguro Popular, el doctor Juan González Zapata, por un problema relacionado con el incumplimiento a la orden de un juez federal, generó, de rebote, inquietud entre varios de los siete acusados que enfrentan una denuncia penal en la delegación en Tepic de la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntamente haber hecho mal uso de recursos en la Secretaría de Salud estatal.

Karla Rivas Cortés –nieta de José Manuel Rivas Allende, El Che-, quien laboraba en el área de nómina y forma parte de los acusados, el viernes 30 de septiembre presentó un amparo que recayó en el Juzgado Segundo de Distrito.

La petición de Rivas generó la apertura del expediente 926/2011 y le fue ofrecida una suspensión provisional para evitar su detención, en caso de que existiera tal mandato judicial. El temor de la quejosa es que la PGR haya consignado la denuncia penal por el caso de la Secretaría de Salud ante alguno de los juzgados de Distrito que siguen procesos penales federales.

Los otros acusados no habrían interpuesto amparos.

LOS PROTEGIDOS

Desde que hace un año detonó el escándalo por los presuntos desvíos –ya había evidencias de graves carencias en medicina, reactivos, espacios, en perjuicio de los enfermos, que continúa hasta la fecha-, donde la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud efectuó un paro de labores y posteriormente denunció los hechos a la PGR, resultó obvio que el gobierno de Ney González Sánchez protegería especialmente a tres de los acusados: el ex secretario de Salud Omar Reynozo Gallegos, ahora diputado local por el PRI; la referida Karla Rivas; y probablemente con mayor peso a Karina Cuellar Aguilar, cuñada de la hija del ex gobernador.

Prueba de ello es que, mientras por un lado hay una acusación por presunto mal uso de recursos, inmediatamente Karina Cuellar fue arropada y se le designó como subsecretaria de Administración en el Poder Judicial del Estado, uno de los lugares donde el ex gobernador tiene una fuerte influencia, puesto que impuso a la mayoría de los magistrados.

Los otros cuatro funcionarios que completan la acusación son: José Manuel Encarnación Delgadillo –hasta hace unos días ex director de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal-; José Guadalupe Vargas Carrasco, Miguel Castañeda Martínez y Fabián Jáuregui Velázquez.