Por: Juan Fregoso

Con todo lo que digan los funcionarios responsables de la educación en México, es evidente que ocultan la verdadera realidad que impera en el sector educativo. Por mucho que se diga que se brindará una mejor educación a los niños y jóvenes es una vil mentira, no puede haber calidad en esta materia por la simple razón de que los maestros no están debidamente capacitados, por lo que los conocimientos que transmiten a sus alumnos es tan mala como deficiente.

Muchos docentes se tropiezan con maestros con una preparación deficiente y condiciones laborales deformadas, sin estrategias para conducirlos al alcance de competencias sólidas, son maestros acostumbrados a prácticas educativas rutinarias, autoritarias y poco significativas; profesores sin elementos para proponer una disciplina adecuada y con pocas posibilidades de atender apropiadamente los ritmos de cada uno; educadores absortos en una sobrecarga administrativa, con poco aprecio social y una identidad colectiva confusa, vinculada a una representación gremial de prestigio muy deteriorado.

Sin maestros en el nivel propicio de desempaño, sirve de muy poco contar con mejores programas, textos o aulas; todos esos componentes suman a favor del alumno básicamente gracias a la mediación del maestro. Sin buenos maestros, no puede haber calidad educativa.

En este contexto, el modelo actual ofrece ya un poco de margen para seguir siendo viable. Necesitamos una gran refundación que conjunte la formación inicial de calidad y selección exigente para incorporarse al servicio; la evaluación periódica, obligatoria y universal con la formación continua, la profesionalización plena, una perspectiva de vida y carrera del docente mexicano más digna y atractiva.

El derecho a la educación de calidad necesita encontrar un modelo exigible y justiciable, de manera que los avances no dependan del poder de compra, del poder del veto o de la ventaja política coyuntural de los actores principales. El papel de la ley es precisamente reconducir el esfuerzo social para que los bienes públicos como la educación no sean presa de negociaciones limitadas, y en última instancia, privatizadoras, pues se realizan o no según convenga a la parte.

Por otro lado, es necesario un gran análisis sobre el marco normativo de la educación en México, para alinearlo a su papel de detonante del desarrollo. Urge, pues, que en los diagnósticos y, sobre todo, en las estrategias no se toque la raíz educativa para enfrentar la crisis nacional en economía y seguridad. Así, nos estamos condenando a seguir en el desgaste, corriendo detrás de nuevos estallidos y shocks, sólo mitigando las consecuencias de los problemas en lugar de enfrentar las causas.

Desde hace tres años se ha buscado identificar y comparar el cometido de los estados en su cumplimiento del mandato de ofrecer un servicio de educación incluyente y de calidad. Por supuesto debe ser más amplia y profunda que solamente la relativa accesibilidad de los servicios educativos de sostenimiento público; hay desempeño educativo incluyente cuando el sistema incorpora a las personas, se pone a su servicio, consolida sus proyectos y previene ante bajos resultados posibles.

En este sentido, se ha desarrollado para este análisis el interés por encontrar una medida que pueda comparar el desempeño de los sistemas educativos locales en condiciones de igualdad competitiva. Debe evaluarse el esfuerzo empeñado y el resultado distintivo de cada entidad, mediante un ajuste que si considera las condiciones de rezago educativo, salvando el escollo arriba mencionado, y resolviendo la crítica de no comparar con el mismo rasero a los desiguales. Este modelo es sólido matemáticamente y ha recibido favorables opiniones de expertos en la materia.

Por tanto, las dimensiones que se consideraron fueron los resultados de los estudiantes (aprendizaje, no deserción y probabilidad de avance normativo) y los procesos de gestión para favorecer la calidad educativa (supervisión, certificación de los maestros y participación de los padres).

El panorama que pintan algunos funcionarios públicos que ostentan la responsabilidad en materia educativa no concuerda con la realidad, como la propia Secretaría de Educación Pública lo ha dado a conocer a través de la Comisión de Educación y Servicios Educativos del Congreso de la Unión. En este estudio se reconoce que 1 millón cien mil niños, que deberían estar estudiando la educación básica, no están inscritos en ninguna escuela, lo cual representa el 5 por ciento del total de los 21. 8 millones del grupo de edad de seis a quince años (sin embargo, el gobierno de México informa a la ONU que está cumpliendo con los objetivos en materia educativa. Desde 2005, reportó una escolarización de prácticamente el 100 por ciento, lo cual es totalmente falso.

A nivel medio-superior—incluyendo todas sus modalidades, —el número de adolescentes no inscritos en las escuelas es de 2. 5 millones, lo que representa el 40 por ciento del total de los 6. 3 millones del grupo de edad de dieciséis a dieciocho años. A nivel superior, en todas sus modalidades, el número de jóvenes excluidos es 7. 2 millones, lo que representa el 73 por ciento del total de los 9. 8 millones del grupo de edad de diecinueve a veintitrés años.

En total, 10. 8 millones de niños, adolescentes y jóvenes mexicanos, de entre 6 y 23 años, están totalmente excluidos de la educación.

Empero, para las autoridades educativas la perspectiva es diferente, es decir, tenemos un grado de escolarización del 100 por ciento, por consiguiente, reconocen explícitamente que no hay rezago en materia educativa, además de que contamos con una enseñanza de calidad, cuando un gran porcentaje de maestros—no todos, por supuesto,—no tienen la capacidad suficiente para dar una formación adecuada a los alumnos, pero como siempre, las autoridades distorsionan la realidad, tal vez por intereses políticos.