Por Óscar Verdín Camacho
La delegación en Tepic de la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para seguir conociendo una denuncia penal interpuesta hace más de un año en contra de siete funcionarios de la Secretaría de Salud estatal, por presuntos desvíos de recursos económicos, entre ellos su entonces titular y ahora diputado local por el PRI, Omar Reynozo Gallegos.
A finales de diciembre último, la PGR remitió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local todo lo actuado en la averiguación previa número AP/PGR/NAY/TEP-IV/421/2010, y que consta ya de varios tomos.
Según se conoce extraoficialmente, la dependencia federal aceptó como válido un argumento de los propios denunciados, en el sentido de que la investigación correspondía a las autoridades estatales aunque la indagatoria trate sobre recursos remitidos por el Gobierno Federal, puesto que, se explicó, en el momento en que el dinero ingresa a las arcas del Gobierno del Estado dejan de ser de la federación.
Cabe indicar, sin embargo, que la solicitud a la PGR fue planteada a principios del 2011, unos meses después de que la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud interpuso la denuncia penal por presunto mal uso de unos 40 millones de pesos, y luego de que los trabajadores sindicalizados efectuaron un paro laboral, a finales del 2010, por la ausencia del pago de diversas prestaciones.
Es decir, se creía que si la PGR remitía la averiguación previa a la PGJ local, la pasada administración estatal daría carpetazo al asunto, puesto que era obvio que lo que menos le importaba era revelar el destino incierto que tuvieron los recursos.
Pero, irónicamente, la decisión para declararse incompetentes por parte de la PGR no se produjo durante el gobierno de Ney González Sánchez, sino en el de Roberto Sandoval Castañeda, cuya administración tiene la obligación legal de investigar y resolver el asunto.
Así, de rebote, llega al equipo de Sandoval una denuncia que no iniciaron ellos, pero que tendrán que concluir sin encubrimiento.
Aunque del lado de los denunciados se ha insistido en que no hubo desvíos, sino que se realizaron transferencias para el pago de salarios a trabajadores homologados, lo cierto es que durante el gobierno anterior resultó más que evidente el impacto en sus servicios de salud. En este espacio han sido presentadas fotografías del inhumano hacinamiento de enfermos, de las carencias de medicina, de material de laboratorio, entre muchos más.
Además de Omar Reynozo Gallegos, en la citada denuncia penal también figuran, como presuntos responsables, los siguientes ex funcionarios de la Secretaría de Salud: José Manuel Encarnación Delgadillo, José Guadalupe Vargas Carrasco, Miguel Castañeda Martínez, Karla Rivas Cortés, Karina Cuéllar Aguilar y Fabián Jáuregui Velázquez, quienes tuvieron diversos cargos administrativos.
