ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
El caso del ex presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Héctor Montes de Oca Ruiz ha quedado en el limbo, y pese a que a finales del año pasado obtuvo un amparo para ser reinstalado en el cargo, ello todavía no se concreta.
Pero además, existe la posibilidad de que la reinstalación no se materialice, o al menos ha mostrado oposición a tal evento el pleno del propio TCA.
Recientemente, el presidente de ese tribunal, Román González Momita presentó un informe ante la Secretaría de la Contraloría donde especifica que quien separó de su puesto a Montes de Oca Ruiz, hace tres años, fue precisamente el pleno del TCA como organismo autónomo, no la Secretaría de la Contraloría, que a su vez posteriormente lo inhabilitó para ocupar cargos públicos y a la cual el quejoso venció en amparo, tal y como se ha publicado aquí en varias ediciones.
En enero pasado, Montes de Oca pidió al Tribunal Colegiado que se insista en el cumplimiento del amparo, consistente en su reinstalación y el pago de salarios caídos y otras prestaciones que no recibió en los últimos tres años.
Sin embargo, el TCA ha insistido en que el fallo del órgano federal superior se extralimitó puesto que, recuerda, el cese del ex funcionario lo efectuó el propio Tribunal de Conciliación, no la Secretaría de la Contraloría.
Al interior del TCA existe la interrogante del por qué el pleno no fue llamado al juicio, si es que era la autoridad responsable del despido, y cómo es que ahora se solicita a otra autoridad la reinstalación.
Cabría recordar que en la resolución del Tribunal Colegiado, uno de los tres magistrados federales emitió un voto diferente al de los otros dos, lo que ha alimentado la versión de que el fallo federal quizás se extralimitó, o cuando menos no se advirtió que la autoridad de fondo era el Tribunal de Conciliación.
Por lo pronto, el Tribunal Colegiado no ha insistido en la reinstalación del amparista.
