Por Fernando Gutiérrez Meza

Ahora sí estuvo muy concurrida la sala de sesiones Benito Juárez del Congreso del Estado, acudieron la mayoría de cumplidos y trabajadores legisladores, las butacas se vieron llenas de ciudadanos interesados en conocer la aprobación del dictamen de Decreto Relativo a la Cuenta correspondiente al ejerció 2010, misma que fue aprobada por 19 representantes populares del PRI y en contra 11 del PRD y PAN.

La reunión de trabajo la desarrollaron en una hora, siendo un punto importante el relacionado a los dineros gastados por los tres poderes en el ejercicio fiscal 2011; el primero en subir a la tribuna fue Miguel Arce Montiel, diputado del PRD, que aprovechó al máximo los 10 minutos autorizados por la mesa directiva presidida por Carlos Sáldate Castellón.

El representante del PRD expresó que el Congreso nace como contrapeso del ejecutivo, función que no es posible debido que los legisladores no defienden realmente los intereses de los ciudadanos, cuando se actúa como alcahuetes de quienes evidentemente han malversado las arcas públicas, con lo que no solo se mutila la razón de ser del Legislativo, sino que se traiciona al pueblo al que se protesto defender y representar ante la Constitución cuando se tomó protesta.

Es legítimo que la ciudadanía se pregunte:


¿Cómo y en que se ejercen los recursos públicos?


Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la fiscalización arroja grandes afectaciones a la Hacienda Pública en términos monetarios por un monto de 259 millones de pesos; se pagaron sin comprobación, improcedentes a determinados trabajadores, adquisiciones que no existen físicamente, conceptos pagados y no ejecutados, pagos inflados y otras notables irregularidades.

Al continuar su mensaje el también luchados social, los gatos del Congreso apagaron las bocinas para que la gente no escuchara la intervención y los mitoteros periodistas no grabaran nada, pero a los minutos arreglaron el desperfecto.

Entre esas irregularidades y que los ciegos no quieren ver, se encuentran observaciones de la Auditoria de la Federación en contra de la Secretaria de Salud y el Ayuntamiento de Santiago, pero no existe la intención de resarcir daños causados al patrimonio público, menos fincar responsabilidades penales a funcionarios, a pesar que hay casos de enriquecimiento ilícito.

Por ello, ya basta de tanta corrupción e impunidad, pongamos un alto a los bandidos que se aprovechan del fuero constitucional o de su posición de poder, la ciudadanía lo reclama y nosotros somos responsables de darle respuesta, afirmo Arce Montiel.

Mientras que eso manifestaba el citado político, los rostros de parlamentarios de la ola roja y agradecidos con Ney, se notaban molestos y mal encarados, como recordando el 10 de mayo a los comentarios del perredista.

Le prosiguió sobre el mismo punto la panista Graciela de la Luz Domínguez Camarena, quien indicó en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados, que muchos de sus compañeros tomaron la protesta como mero formalismo, pero las finanzas no están bien en Nayarit.

El Estado se encuentra endeudado con 6,600 millones de pesos, la mayoría de Ayuntamientos tienen problemas financieros, hubo saqueos de dinero, desvío de recursos federales.

Por esa razón, en diciembre del año anterior aprobaron un refinanciamiento de 5 mil millones de pesos, resultado al manejo irresponsable de los recursos por parte del gobierno anterior y sus funcionarios, una muestra los cientos irregularidades que el mismo OSF detecto.

También subió a la tribuna el coordinador de los diputados del PAN, Rafael Valenzuela Armas, quien coincide con sus antecesores, en el sentido que los dineros del Estado fueron malversados y se aplicaron en rubros ajenos al que estaban destinados según el presupuesto de egresos aprobado por la legislatura anterior.

El diputado del PAN dijo que ejemplos existen varios, se tiene el problema de la Secretaria de Salud en que existen notables deficiencias en equipo médico e todos los rubros, el problema con los dineros que debe recibir la Universidad como impuesto que cobra el gobierno a la gente, y así nos podemos ir en otros rubros. Pero mucho se duda que el actual gobierno vaya a tomar cartas en el asunto, y actuar en contra de los ex funcionarios o del mismo gobernador Ney González Sánchez, quien es el responsable directo de todas las anomalías que se registraron en la aplicación de los recursos.


Ignorantes y mentirosos perredistas y panistas


Segundos después de concluir la sesión del Congreso del Estado, el presidente de la Legislatura Armando García Jiménez, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer el punto de vista de la fracción parlamentaria del PRI, en la cual se contó con la presencia de los diputados que se identifican y deben su curul a la ola roja, me refiero a Jocelyn Fernández Molina, Alejandro Galván Araiza, Chito Ornelas, Emilio González y el palero de Saúl Paredes Flores, entre otros que se me escapan.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, precisó que el Organo Superior de Fiscalización, cumplió con sus obligaciones de revisar la Cuenta Pública correspondiente al 2010 y demostró eficiencia y capacidad en su trabajo, hubo observaciones, irregularidades y aspectos que son atendidos.

Sin embargo, refiere que es lógica la postura de los diputados que subieron a tribuna, de quienes supuso buscan llevar agua a su molino en estos momentos políticos.

Agrega el líder parlamentario que el Organo Superior de Fiscalización que dirige Salvador Iñiguez Castillo, junto con su equipo de trabajo cumplió como debe ser, sus funcionarios revisaron la hacienda pública de los poderes y ayuntamientos del Estado.

García Jiménez, comentó que los diputados panistas y perredistas sufren de desconocimiento de cómo se manejan las instituciones como el OFS; y refiere que existen otras instancias que deben actuar de acuerdo a la Ley como es la Contraloría del Gobierno y los Ayuntamientos.

Mientras tanto la fracción parlamentaria del PRI estará pendiente de la actuación de las dependencias correspondientes, y están de acuerdo que se castigue o llame a cuentas a quienes hayan incurrido en violaciones u actos de corrupción, en que pudieran incluirse a ex funcionarios de SEDER, la SSA, Obras Públicas o cualquier otra dependencia de sexenios anteriores, no necesariamente del que salió en septiembre del año anterior.