*Los magistrados también resolvieron un caso de violación de derechos político-electorales del ciudadano nayarita
TEPIC.- El pleno de magistrados de la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia, que preside el doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, tomó este jueves siete resoluciones, entre ellas dos que obligan a autoridades locales a reparar omisiones en el cumplimiento de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos de Nayarit, y otra que ordena a un partido político a celebrar nueva asamblea de elección de dirigentes municipales en Tuxpan.
En su séptima sesión pública ordinaria, celebrada en el auditorio Rey Nayar del edificio sede del Poder Judicial del estado, los juzgadores consideraron procedentes sendas acciones de inconstitucionalidad iniciadas por los ciudadanos César Rodríguez García y Lucero Mariely Hinojosa porque el Tribunal de Justicia Administrativa del estado y el Ayuntamiento de Tepic, respectivamente, omitieron cumplir la disposición legal, que data de 2009, de expedir normas para iniciar procedimientos de carácter electrónico y no obligar a los usuarios al uso de papel o material impreso en los trámites.
En tal virtud, la Sala Constitucional-Electoral señaló el plazo de ciento veinte días al Tribunal y el Ayuntamiento para que atiendan la mencionada disposición de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos de Nayarit.
Por otra parte, en virtud de haberse violado los derechos político-electorales de las ciudadanas María Guadalupe Zúñiga Morales y Victoria Olivares Ruiz al negársele su registro como delegadas numerarias para participar en una asamblea de elección de dirigentes del Partido Acción Nacional en Tuxpan, el pleno de la Sala acordó que se revocara el registro de delegados numerarios, dejándose sin efecto los actos posteriores, como la propia asamblea y los acuerdos en ella tomados.
De esta forma, se ordena a las autoridades partidarias que conforme a las normas internas, en un plazo de cinco días determinen un nuevo periodo de registro de delegados numerarios y señalen día, hora y lugar para celebrar una nueva asamblea de elección.
El resto de las resoluciones correspondieron a juicios de protección de derechos fundamentales promovidos por ciudadanos, respecto de presuntas acciones u omisiones de autoridades locales, y cuyos argumentos los magistrados, tras el respectivo periodo de instrucción, consideraron improcedentes.
La Sala Constitucional-Electoral que preside el doctor Pedro Antonio Enríquez Soto es también integrada por los magistrados Ismael González Parra, Raúl Gutiérrez Agüero, José Miguel Madero Estrada y Rafael Pérez Cárdenas, cuyas ponencias presentaron los correspondientes proyectos de sentencia.