Una bomba de tiempo el caso Héctor Montes de Oca: pide Colegiado al Ministerio Público Federal que investigue si funcionarios estatales cometieron actos ilícitos.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

La secretaria General de la Contraloría estatal, Laura Monroy Berecochea obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Segundo de Distrito para que el Tribunal de Justicia Administrativo (TJA) se abstenga, por el momento, de insistirle el pago del equivalente a 500 días de salario mínimo -25 mil 975 pesos- correspondiente a una multa porque no ha cumplido con la reinstalación del que fuera presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Héctor Montes de Oca Ruiz.

La suspensión fue ofrecida a la contralora el jueves nueve, un día después de que interpuso el juicio de amparo número 1098/2009, al igual que el director General de Responsabilidades de la Contraloría, Humberto Negrete Moreno.

El respectivo acuerdo del juzgado federal precisa que se les niega la suspensión por lo que toca a la sanción fijada por el TJA, “toda vez que el mismo reviste el carácter de consumado”, pero se les concede, añade, para que el tribunal se abstenga de requerir el pago de la multa. La audiencia incidental del juicio debió celebrarse ayer y la audiencia constitucional para el 13 de agosto.

DAN VISTA A LA PGR

Pero si lo anterior es una muestra de los apuros por lo que atraviesa la Secretaría de la Contraloría para reinstalar a Montes de Oca, el caso amenaza con convertirse en una bomba de tiempo. Bastaría indicar que con fecha 19 de junio pasado, el Tribunal Colegiado ordenó dar vista al agente del Ministerio Público Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), para que, indicó, “de considerarlo pertinente y de acuerdo a sus atribuciones realice las acciones correspondientes”.

En pocas palabras, lo que el Tribunal Colegiado pidió al Ministerio Público Federal fue investigar si, como lo denunció Montes de Oca, se habían cometido actos ilícitos en su perjuicio y que dejaran en entredicho la resolución del amparo concedido a su favor, que obliga a su reinstalación y al pago de salarios caídos.

Días antes, el 12 de junio, el director General de Responsabilidades intentó reinstalar a Montes de Oca, acompañándolo personalmente al TCA y dando fe dos notarios públicos, pero los integrantes del pleno de éste se opusieron, encabezados por su presidente Román González Momita, señalando que fue el pleno quien destituyó al quejoso antes de que lo hiciera, por separado, la Secretaría de la Contraloría, además de que el pleno, insistieron, no fue parte del juicio emprendido por Montes de Oca y por lo tanto no fue oído ni vencido.

CASO AL PRESIDENTE DE CORTE

Pero no es sólo la advertencia de que la PGR investigaría alguna irregularidad lo que ha causado preocupación entre los funcionarios involucrados en el asunto, sino también los reiterados avisos del Tribunal Colegiado de que si su resolución no es acatada daría parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que en dado caso podría significar el cese de quienes resulten responsables e incluso la consignación penal.

En especial, el Tribunal Colegiado apuntó la amenaza a los magistrados que integran la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa: Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Salvador Ángel Arámbul Uribe y Félix Hugo Ibarra Castañeda, a pesar de que éste tribunal ya acató la resolución, sin embargo el caso está entrampado en cómo hacer que Montes de Oca retome el cargo en el TCA.

Sin embargo, en un auténtico madruguete, los magistrados Marmolejo, Arámbul e Ibarra lograron entrevistarse con el ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y le externaron su preocupación por la citada situación.

El miércoles ocho de julio, el Tribunal Colegiado publicó un nuevo acuerdo en el que dio cuenta del escrito hecho llegar al ministro y que éste, a su vez, le remitió a través del Consejo de la Judicatura Federal, “para que se imponga de la nota y de atención a la misma con autonomía respecto a si el amparo está o no cumplido”. Extraoficialmente se conoce que la decisión de los magistrados administrativos cayó, literalmente, como balde de agua fría dentro del Tribunal Colegiado.

Cuestionado ayer en su oficina, el magistrado Marmolejo Coronado detalló que el encuentro con el ministro Ortiz Mayagoitia fue posible el 26 de junio, en Oaxaca, durante un congreso internacional de derecho administrativo, al cual asistieron decenas de magistrados del ramo de todo el país. El ministro, invitado por la Asociación de Magistrados de Tribunales Contenciosos, clausuró los trabajos.

De acuerdo con Marmolejo, y como lo confirma el último acuerdo del Colegiado, la entrega formal del escrito dirigido al ministro lo realizó la magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, presidenta de la citada asociación de tribunales contenciosos. Ella, además, fue la anfitriona del evento celebrado en Oaxaca.

Jorge Ramón Marmolejo explica que la decisión de recurrir al ministro presidente de la Suprema Corte fue para cuidar la imagen del tribunal administrativo local. “Nos preocupa que en algún momento la Corte piense que estamos actuando en contumacia, desacatando un amparo, cuando no es así. Nosotros ya dimos cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado, incluso hemos impuesto multas a funcionarios de la Contraloría que, sin embargo, ya nos informó oficialmente que no pudo reinstalar a Héctor Montes de Oca”.

El funcionario agregó que precisamente sobre el último aviso dirigido al Tribunal Colegiado, en el que le insisten que fueron cumplidos los términos del amparo y le anexan el informe presentado por la Secretaría de la Contraloría, no han tenido la correspondiente respuesta.

Llama la atención que a mediados de junio pasado, Héctor Montes de Oca interpuso un amparo contra el Tribunal de Conciliación de Arbitraje, número 940/2009 del Juzgado Primero de Distrito.

Para los integrantes del pleno del TCA, lo anterior confirma su despido en el 2006, antes del dictado por la Contraloría.

Así las cosas, el asunto llegó a un punto crucial y de evidente riesgo, puesto que la Suprema Corta ya conoce del mismo pero no a través del Tribunal Colegiado, como éste advertía, sino a través de los magistrados administrativos.

Los magistrados federales, se antoja añadir, difícilmente se quedarían con la espinita clavada. Aunque habría que recordar un punto: cuando fue resuelto ese amparo directo, el magistrado federal Víctor Jáuregui Quintero emitió un voto particular, distinta su postura sobre la de los magistrados Ramón Medina de la Torre y Arturo Cedillo Orozco.

Ahora hay versiones respecto a que la resolución federal podría presentar excesos, porque se pasó por alto la posición del pleno del TCA.

Aunque lo único cierto es que el asunto está empantanado, y que a quien se le ocurrió echar mano de la Secretaría de la Contraloría para echar fuera a Montes de Oca, hoy debe estar arrepentido.

El costo es enorme.