Por: Juan Fregoso

El llamado blindaje electoral implementado por el gobierno federal, desde el punto de vista dialéctico implica una contradicción, pues por un lado obliga a las autoridades sean del nivel que sean a no publicitar sus obras y acciones que realicen mientras dura el proceso electoral, puesto que de hacerlo estarían induciendo la intención del voto a favor de determinado candidato, lo cual violenta los mandatos de la Ley Electoral.

A primera vista, como se puede apreciar el espíritu de la norma en comento busca evitar que las autoridades municipales, estatales y federales, incurran en hacer pública la realización de sus obras, o que desvíen recursos del erario con el fin de promover la figura de algún candidato, sea éste del partido que sea.

Las autoridades podrán seguir realizando todo el trabajo programado, pero lo que no pueden hacer—por impedimento legal—es publicitarlo o difundirlo, ya que de hacerlo estarían cometiendo un delito previsto por la Ley Electoral, por lo que podrían ser sancionadas.

En este contexto, el blindaje electoral tiene como propósito fundamental de que no se ejerza ningún tipo de influencia hacia cualquier candidato, evidentemente por las autoridades que pudieran atreverse a promover los logros obtenidos por su gobierno, esto en virtud de que el ciudadano debe decidir libremente por quién va votar.

La medida parece tener toda la bondad del mundo, ciertamente el blindaje procura la justicia en materia electoral, esto es, que las autoridades no cometan excesos en sus funciones. Y desde esta perspectiva es plausible, dado que lo que se pretende—supongo—es tener un resultado final transparente, democrático, que no empañe ni el desarrollo de la jornada ni el desenlace de ésta, en otras palabras, que el candidato que resulte ganador obtenga un triunfo incuestionable, que no deje la menor duda de que su victoria fue limpia, sin chanchullos que pudieran generar la inconformidad del pueblo de México, esto sería lo más saludable por el bien de todos.

Empero, desde el punto de vista dialéctico el blindaje entraña una seria contradicción al dejar muchas lagunas por las cuales habría que navegar para entender su verdadero sentido legal. Se dice, por una parte, que la dicha medida procura evitar la intromisión de las autoridades en el proceso electoral, que el ciudadano debe emitir su voto libremente, sin coacción alguna, pero esta libertad es taxativa, porque se circunscribe solamente al ciudadano común y corriente, esto significa que los propios candidatos sí tienen una libertad absoluta para conducirse en sus campañas políticas.

En este sentido, para que el blindaje electoral sea verdaderamente justo, no solamente debería limitarse a atarles las manos a los ciudadanos, sino que debió prever la posibilidad de que algunos candidatos recurran al más descarado acarreo de gente a sus eventos proselitistas, tal y como se está viendo, si la ley contempla esta restricción hay que decir que los candidatos no están cumpliendo los ordenamientos legales electorales, por lo tanto, son los primeros en romper el blindaje.

Así sucedió este 17 de abril, fecha en que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto contrató por los menos unos 300 autobuses para trasladar a la gente a Bahía de Banderas, para demostrar su fuerza de convocatoria, y se supone que todos aquellos que asistieron a su evento lo hicieron libremente, lo cual es una falacia, porque como antaño se echó mano del corporativismo en que los dirigentes de las diferentes organizaciones obligaron a sus empleados a asistir al evento peñista; yo fui, me comentó un trabajador, porque mi patrón me amenazó con quitarme el trabajo si no iba, y como el trabajo es escaso, no me quedó más remedio que obedecer a mi patrón, subrayó

Otros más, cuyo nombre me reservo, dijeron que les pagaron entre 500 a mil pesos, mientras que otros de plano expresaron sin rubor alguno que fueron—no a conocer las propuestas del candidato—sino a conocer Bahía de Banderas; el hecho de yo haya asistido a ese acto de proselitismo político, no significa que vaya a votar por Enrique Peña Nieto, como puedo votar por él, bien puedo darle mi voto a cualquier otro candidato, dijo don Pedro, quien aseguró ser originario de San Cayetano, municipio de Tecuala.

En tanto que un chofer afirmó que a él le pagaron 6 mil 560 pesos por transportar a la gente, pero te aseguro que muchos iban renegando porque no iban por su voluntad, la mayoría de ellos fueron obligados a hacer acto de presencia al mitin del candidato puntero, Enrique Peña Nieto. Un ingeniero calculó el número de autobuses, estimó que fueron alrededor de 300 unidades las que fueron contratadas para el traslado—o acarreo—de gente; imagínate, si cada camión cobró unos 15 mil pesos, por darte una cifra, ya te imaginarás el dineral que se gastó en este evento político, y agregó; esto es un hecho incalificable, pues cómo es posible que el candidato priísta no se de cuenta de la grave situación económica por la que atraviesa el estado de Nayarit, sobre todo, cuando todos sabemos el estado en que quedó al dejar la gubenatura, el licenciado Ney González, francamente yo no estoy de acuerdo con que se malgaste el poco dinero que hay en las arcas gubernamentales, nomás por hacer bola, nomás para que se diga que el señor Peña Nieto tiene todas las de ganar. Para mí fue un despilfarro que no garantiza el triunfo del candidato del PRI, y te aclaro que yo pertenezco a ningún partido político, resaltó.

He aquí la contradicción a que se refiere al columnista, es decir, si todos los candidatos presidenciales vienen utilizando el mismo método, el acarreo más descarado, hecho a la vieja usanza, es obvio que no gozan de las preferencias del pueblo, puesto que se está evidenciado con ello su fragilidad, la desconfianza de los ciudadanos que ya están hartos de ser utilizados como meros instrumentos, yo diría—como se estilaba antaño—como simples borregos, coaccionados por los líderes corruptos que los amenazan con quitarle el trabajo, por consiguiente, cabe preguntarse dónde está la libertad para votar, no hay tal libertad, cuando desde el inicio de una jornada electoral se presiona a la gente a acudir a los eventos políticos. Así pues, el columnista concluiría que no se está respetando la sagrada voluntad del pueblo para elegir, de verdad, a sus futuros gobernantes.