Por: Juan Fregoso
Tecuala, Nayarit.-El presidente municipal, Rubén Benítez Rodríguez, ha dado indicaciones a todos los funcionarios públicos para que se conduzcan con respeto en lo concerniente al blindaje electoral, esto para contribuir al buen desarrollo del proceso electoral, informó el licenciado en economía, Héctor Espericueta Ramírez, contralor municipal.
El funcionario, señaló que la semana pasada estuvo en la ciudad de Tepic, en donde se le brindó por parte del personal de la Fepade la debida capacitación en torno a esta medida, ya que la Fepade es la encargada de vigilar el procedimiento electoral, es decir, la cuestión de delitos electorales.
Explicó que en esa reunión se les informó lo que no se debe hacer y lo que se puede hacer. Asimismo, indicó que el día de hoy la contraloría a su cargo hará llegar a los directores la información correspondiente y tener una estrecha comunicación con el fin de cuidar este tipo de detalles, que el día de mañana nos puede perjudicar, por ello nos estamos apegando al marco normativo y esperar los tiempos que marca la ley para poder publicitar de nuevo las acciones que emprende el gobierno municipal.
Subrayó que de momento no se puede promocionar nada, sobre todo, en lo referente a la obra pública, ya que si tuviéramos alguna, ahorita estamos imposibilitados legalmente para darla a conocer, ni hacerle la difusión correspondiente porque está prohíbido por la ley. Igualmente, no podemos difundir las obras y programas que podamos estar implementando, y menos, los logros que como administración se pueden tener.
Por otra parte, el contralor descartó que el blindaje electoral sea violatorio de la libertad de expresión, en este sentido, anunció que dentro de la propia ley existen algunas ambigüedades, algunas lagunas en el marco jurídico, pero bueno, es una estrategia que se debe de utilizar. Nosotros, simplemente, nos apegamos al marco normativo, a la ley de servidores públicos, por eso estamos revisando cada una de las normas para no caer en irregularidades.
Recalcó que la ley prescribe que para cuidar y hacer realmente imparcial un proceso electoral, el gobierno debe de poner su parte, y en este caso, nosotros la estamos poniendo porque es nuestra obligación acatar los mandatos de la ley electoral, y sobre todo, lo que establece el Código Penal Federal.
Por lo que toca a las sanciones que imponen las leyes que regulan la materia electoral, van desde sanciones administrativas hasta otras más severas, en donde si algún servidor público, sea de carácter estatal o municipal, llegare a incurrir en alguna de ellas se haría acreedor a una pena de hasta nueve años de prisión, puntualizó.
