* Quedan dudas sobre si síndicos, alcaldes y regidores tienen derecho a esa prestación. Hace cuatro años, el Tribunal Colegiado de Tepic negó amparo a ex regidores de Acaponeta, pero ahora, ocho ex regidores de Santiago Ixcuintla recibirán 563 mil pesos por la misma situación.

Por Óscar Verdín Camacho

Ocho ex regidores del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla que laboraron como tales entre septiembre del 2002 y septiembre del 2005, ganaron una demanda para que les sea pagado el aguinaldo correspondiente a la parte proporcional del último año de su gestión.

Se trata de una mala herencia que ahora tiene que enfrentar la administración que encabeza el presidente municipal Pavel Jarero Velázquez, quien ha sido requerido al pago de 563 mil 616 pesos, en un promedio de 70 mil pesos para cada uno de los quejosos.

Ellos son: Rosalva Cano Jiménez, Alma Angelina Almejo Hernández, Luis Carlos López Partida, Federico Langarica Chavarín, Martha Leticia Sánchez Rodríguez, Fernando Ruvalcaba Ayala, Margarita Reyes Yáñez y Francisco Navarro Santos.

EL ANTECEDENTE ACAPONETA

A finales del año 2005, poco después de concluido su encargo, los citados ex regidores presentaron una demanda laboral en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que inició el expediente 95/2005 y cuyo fallo les resultó favorable.

Pero las administraciones de Amado de Jesús Montero Jaime y la de Sergio González García evadieron enfrentar la sentencia. De Raúl Mercado Guerrero, alcalde de Santiago Ixcuintla cuando los quejosos fueron regidores, simplemente dijeron que desapareció.

Sin embargo, en medio de todo ello se registró una pifia que reafirmó la sentencia laboral: no fue interpuesto amparo alguno contra la misma.
Si ello hubiera ocurrido, el juicio lo habría conocido un Tribunal Colegiado, que decidiría en definitiva si los ex regidores tenían o no razón de exigir el pago de aguinaldo.

Lo anterior es apuntado puesto que hace cuatro años, el entonces único Tribunal Colegiado con oficinas en Tepic resolvió el juicio de amparo número 390/2008, relacionado con ex regidores de Acaponeta, que también concluyeron funciones en 2005 y que exigían el pago de aguinaldo, y a quienes les fue negada la protección de la justicia federal.
El estudio, conocido por este reportero, en su parte medular establece lo siguiente:

no puede existir relación laboral entre un ayuntamiento y sus regidores, pues estos son integrantes del ayuntamiento, como lo son también su presidente municipal y su síndico, por lo que no existe el elemento diferenciador en una relación laboral como lo es la subordinación ya que los regidores no están subordinados al ayuntamiento, pues no existe por parte de éste un poder jurídico de mando, correlativo a un poder de obediencia por parte de los regidores que los obligue a prestar el servicio bajo la dirección del ayuntamiento

En otra parte de la resolución, se explica que
resulta inconcuso que no existe una relación de trabajo entre el citado ayuntamiento y el mencionado actor del juicio laboral, pues no existe el elemento diferenciador en una relación laboral, como lo es la subordinación, pues se insiste, los regidores no están subordinados al ayuntamiento.
De acuerdo con el Tribunal Colegiado, ese fallo está respaldado por una resolución de un caso similar estudiado hace más de 10 años en el estado de Coahuila.

Como ya fue anotado líneas arriba, la ausencia del amparo en el caso de los ex regidores santiaguenses motivó que el laudo quedara firme, sin estudio por parte de los magistrados del Tribunal Colegiado. Habría sido importante conocer si se confirmaba el estudio del caso Acaponeta.

TODO O NADA

Desatendido el caso por tres administraciones municipales, los platos rotos ahora tiene que pagarlos la de Pavel Jarero, contra quien incluso fue abierto un incidente por inejecución de sentencia en el Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad, y en la misma se incluyó al tesorero Alejandro García Monroy.

Frente a ello, se conoce, la Presidencia Municipal efectuó un primer abono por 210 mil pesos como prueba de que acataba el fallo, pero los ex regidores se negaron a recibirlos, argumentando temor de que la suma restante no les sea cubierta.

Se prevé que en las próximas horas la suma total sea finalmente entregada, para así evitar que continúe el incidente por inejecución de la sentencia.