Por FERNANDO MEDINA MIRALRÍO

Efectivamente, es inexcusable, es decir, no hay excusa ni pretexto que pueda justificar la inacción legal en contra del exgobernador de Nayarit, Ney Manuel González Sánchez; no hacer nada sería imperdonable para todos aquellos que nos queda clara la burda forma en que abusó del poder público y la grotesca manera de que dispuso del erario estatal.

¿Tiene Ney Manuel González Sánchez, responsabilidad ante el pueblo nayarita?: ¡Definitivamente que sí! ¿Por qué se afirma esto? ¡Porque las cuentas y las acciones no cuadran con lo que disponen las normas jurídicas, financieras y contables! ¿Tiene derecho a defenderse el exgobernador?: ¡Claro, tendrá su derecho de audiencia en el Congreso del Estado! Así podrá la sociedad nayarita escuchar sus argumentos y razones para justificar lo que hizo. Seguramente habrá muchos que están deseosos de volver a escuchar sus filosóficos discursos engolados por la pose de sabiduría de tipo eclesiástico, sostenidos por esa mirada desdeñosamente retadora.

El juicio político es para los políticos principalmente –para los servidores públicos dice la Constitución-, y si de sus resultados se llega a evidenciar y probar un delito, ya corresponderá al Ministerio Público la acción penal. El juicio político es el preámbulo, la antesala para la persecución de delitos, para aquellos que gozan y gozaron del ejercicio del poder público y manejaron recursos del pueblo indebidamente.

¿Cuáles son las razones que sustentan la necesidad de promover el juicio político en contra de Ney Manuel González Sánchez? La principal es dejar el antecedente de que nadie podrá en lo sucesivo abusar del poder para enriquecerse ilícitamente; sembrar la semilla para que los impuestos que recauda el gobierno sean ética, eficiente y responsablemente aplicados. La segunda, es para que se restituya el daño patrimonial que sufrió en sus arcas el pueblo de Nayarit; y la tercera, para demostrar que nadie escapa a las sanciones que prevé la ley, y que ya no existe un paraíso de impunidad.

¿Prosperará el juicio político contra Ney Manuel González Sánchez, ante la actual Cámara de Diputados? Por ahora no, pues la Legislatura está sometida políticamente al exgobernador; sin embargo, eso no significa que los próximos diputados locales continúen obedeciendo a éste vergonzante exmandatario, habrá una nueva Cámara de Diputados y a ellos corresponderá darle continuidad al juicio político que se instaure en contra del exgobernante.

¿Por qué entonces promover el juicio político ahora? Para evitar la prescripción por el transcurso del tiempo. Todos los ciudadanos de Nayarit, en forma personal, tienen el derecho de presentar la denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, pero ésta debe ser interpuesta hasta antes de que se cumpla un año de que el servidor público haya dejado su cargo. Entonces, la denuncia ciudadana de juicio político ya no podrá ser admitida después del 17 de septiembre del año 2012.

El escenario político nos dice que la actual Legislatura se opondrá a que se promueva el juicio político, aun estando conscientes los diputados actuales de que existen múltiples causas para que sea declarada su procedencia; sin embargo, están obligados por mandato constitucional a admitir la denuncia, esta es la parte importante: su admisión; después se podrá acudir a las instancias jurisdiccionales superiores –dígase Juzgados de Distrito- para obligarlos a desahogar todo el procedimiento, mientras esto sucede, ya tomaron protesta los nuevos legisladores. Por ello, debe promoverse el juicio político hasta casi vencido el término legal, es decir el 15 de septiembre de 2012.

Por lo pronto se deben de recabar el mayor número de pruebas existentes, mismas que ya son abundantes y obran como documentos públicos; otras deberán comenzarse a solicitar ante el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, así como ante el Órgano de Fiscalización Superior y la Auditoria Superior de la Federación; si hoy las niegan, ya habrá que Juez de Distrito ordene su expedición.

Los que somos nayaritas, estamos obligados a hacer un frente común para defender la dignidad de nuestro pueblo, pues es inadmisible que ante la evidencia de tanto abuso permanezcamos en silencio e inactivos. La sociedad civil en diferentes rincones de la entidad comienza a organizarse para manifestar la solidaridad con aquellos luchadores que quieran hacer punta en esta acción de dignificación ciudadana.