Juan Fregoso

*Con el empleo de un código secreto, consiguió imponer al nuevo monarca sexenal

*La Constitución realmente no rige en materia electoral

*Es simplemente una mascarada y el voto es una institución oligárquica

Independientemente de la cantidad de votos que obtuvieron los dos principales candidatos presidenciales, independientemente de las muchas irregularidades denunciadas por uno y por otro e independientemente de si hubo fraude o no, lo cierto es que no fue el pueblo realmente quien votó en las pasadas elecciones, es más, ni en los anteriores comicios ha sido la voluntad ciudadana la que decide, la que califica a quien habrá de ser su presidente y esto ocurre por una razón muy simple: Estamos lejos de eso que se ha dado en llamar democracia.

Si nos atenemos al significado de esta palabra que se compone de la partícula clave—demo—, que significa pueblo, kratos, voz griega que quiere decir autoridad. La democracia es—o sería—la doctrina política que favorece la intervención del pueblo en el gobierno mediante el voto. Democracia se dice también del país en que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos, lo cual es una grotesca falacia y esto se puede comprobar con observar las condiciones tan disímiles en que viven los mexicanos, en donde sólo en unas cuantas manos se concentra la más insultante riqueza, en tanto que el resto—la mayoría—se están muriendo de hambre, por exagerado que parezca este juicio pero es la cruda realidad.

Aun cuando el artículo 3º de la constitución política de los estados unidos mexicanos considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural, entre otras lindezas, la verdad es que el espíritu de dicho precepto es una mascarada, un vil engaño para el pueblo que en pleno siglo XXI no logra descifrar que todo el articulado de la llamada ley suprema es un conjunto de reglas bellamente diseñadas en la teoría, pero que en la realidad nunca se han aplicado, salvo cuando al grupo en el poder así le conviene, porque cuando el sistema político se encuentra en riesgo lo que se aplica es un código secreto que sólo la alta jerarquía conoce.

Una mentira más la encontramos en el artículo 39 de la constitución, el cual dice textualmente: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Hermosas palabras con sabor poético y romántico para seducir a la más difícil de las mujeres; nuestra soberanía, que de acuerdo con los estudiosos del derecho es la calidad de soberano que se atribuye al Estado—nótese que no se atribuye a la Nación—que son conceptos diferentes—como órgano supremo e independiente de autoridad, y de acuerdo con la cual es reconocido (el Estado) como institución que dentro de la esfera de su competencia no tiene superior.

La falsedad es evidente, el pueblo mexicano no puede ser soberano cuando su voluntad está supeditada a la injerencia de otras potencias, como Estados Unidos, que ejerce una enorme influencia en la vida política electoral que sólo debería ser responsabilidad de nosotros, pero en cada elección particularmente las presidenciales, el coloso del norte presiona para que el próximo presidente sea un hombre hecho a su medida; un hombre dócil, que esté dispuesto—le parezca o no—a acatar las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son los principales organismos que obligan a los países subdesarrollados a aplicar sus recetas económicas neoliberales. Si la intromisión del gobierno estadunidense es grave, más lo es que un grupo de mexicanos poderosos económica y políticamente, tras bambalinas decidan realmente quien deberá ser el siguiente mandatario.

No es cierto, entonces, que el pueblo es el que elige a sus gobernantes, esta no es más que una ficción creada ex profeso para ocultar al Gran Elector, quien decide no con base en los lineamientos de nuestra constitución, sino en una especie de código secreto, en una serie de normas personalistas, confeccionadas del tal modo para proteger un sistema político ya carcomido por el paso del tiempo, pero que ahora, nuevamente implementan para revivir a ese moribundo sistema que ocasionó el genocidio más notable y reprobable en la historia de México, me refiero a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968.

Pero para no perder el hilo de lo que pretende ser un análisis de las recientes elecciones celebradas el 1 de julio, me parece oportuno citar el artículo 40 de la ley suprema, el cual establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El artículo 41 del mismo ordenamiento establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Una trampa más, porque es una falsedad que el pueblo ejerza su soberanía por medio de los poderes de la unión, y es falso porque los llamados poderes de la unión, conformados por diputados federales y senadores, jamás acatan la voluntad popular, sino la del monarca sexenal—ese el nombre real del presidente de la República—en turno. No es necesario profundizar mucho en este tema, pues basta con observar que todas las reformas que propone, repito, el monarca, jamás son sometidas a la consideración de la gente, por tanto se hace lo que la monarquía disfrazada de república democrática, ordena y punto, porque es el monarca que obedece a esas fuerzas ocultas que ostentan el poder político, pero no al pueblo que sólo es usado para sus aviesos fines. La pregunta obligada es, entonces, ¿en dónde está la autoridad del pueblo, la democracia?

Por tanto, el sufragio no es el método democrático para designar a los funcionarios públicos, partiendo de la premisa de que toda elección supone preferencia y la preferencia es propia de los regímenes jerarquizados, no de iguales sino de desiguales, de tal modo que el voto es por esencia una institución oligárquica, empleada efectivamente en la plutocracia, esto es, a mayor riqueza mayor poder, y desde esta perspectiva queda claro que en los comicios pasados no se instrumentaron mecanismos democráticos electivos, aunque lo parezca el hecho de votar, sino monárquicos, es decir, logró imponerse el poder del dinero y no la voluntad ciudadana como nos quieren hacer creer.

Es en esta lógica donde encuadra el fenómeno del fraude electoral, quiero decir cuando la designación de los nuevos gobernantes fue hecha no respetando el mandato de la constitución política que rige desde el’17, sino que logró retomar el poder político, gracias a la aplicación de reglas no escritas por un grupo que opera desde los sótanos del poder, probablemente se trate de alguna secta de hombres curtidos en estas lizas y que, por supuesto, no dan la cara porque para ello tienen a otros que se encargan de hacer el trabajo fino, el de hacer ganar al hombre que les conviene, al hombre al que podrán manejar a su antojo, que satisfaga los intereses del estado y no de la nación, aunque el candidato triunfador proclame a los cuatro vientos que trabajará denodadamente a favor del país, cuando la realidad es que estará al servicio de un estado monárquico recubierto con el ropaje republicano y democrático.