Por Óscar Verdín Camacho


Una solicitud del notario público Germán Goldmán Serafín al proponer a su suplente, Jorge Saúl Valencia Ovalle, la cual fue ignorada por el entonces gobernador Ney González Sánchez deberá ser estudiada por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), según lo acaba de ordenar el Primer Tribunal Colegiado.

El 29 de octubre del 2010, Goldmán Serafín solicitó a Ney González el nombramiento de Valencia como su notario suplente, sin embargo el titular del Poder Ejecutivo no le dio respuesta a pesar de que, días después, habría insistido en su petición mediante una llamada por teléfono. Goldmán falleció el 24 de diciembre de ese año.

En septiembre pasado, a unos días de que Ney dejara el cargo, la notaría 10 -con oficinas en Bahía de Banderas- quedó en manos de Guillermo Loza Ramírez, a quien el ex gobernador impulsó junto a otros seis abogados que ahora ocupan distintas notarías.

De acuerdo con la resolución del amparo directo 77/2012 del Primer Tribunal Colegiado, si bien la propuesta del ahora fallecido no significaba el pase automático de Valencia a la suplencia notarial, sino que debía cumplir con diversos requisitos como sujetarse a un examen, también cierto lo es que, para el inicio del aludido trámite administrativo, solo se requiere la propuesta realizada por quien tuviere facultad para ello, lo que sí se satisfizo, circunstancia que, en el caso concreto, este Tribunal Colegiado estima suficiente para que sea procedente la demanda propuesta en –la- sede administrativa de origen.


El tribunal federal cuestiona la omisión que se tuvo al no llamar al abogado para el procedimiento que requería la suplencia a la que había sido propuesto, a pesar de que el único requisito legal exigido para su inicio se cumplió.

Por ello, al conceder el amparo a favor de Valencia Ovalle, el Tribunal Colegiado ordenó al tribunal administrativo el inicio del respectivo juicio, tomando en cuenta que la sola designación efectuada a favor de este último debe considerarse suficiente para considerarlo titular de un interés legítimo para acceder a la justicia administrativa.

En efecto, la semana pasada el TJA inició el número de expediente 506/2011 en el que son autoridades demandadas el gobernador del estado, el secretario General de Gobierno y la dirección del Notariado. Seguramente Guillermo Loza comparecerá como tercero interesado. Se trata de la segunda demanda administrativa que busca echar abajo la designación de Loza, puesto que una más fue presentada por el notario público Jorge Careaga.

La omisión del ex gobernador para atender la solicitud de Goldmán Serafín, aunque transcurrieron casi dos meses entre el oficio remitido y su muerte, contrasta con la rapidez con que siete notarios fueron designados, primero suplentes y luego notarios titulares, unos días antes de que Ney González concluyera su cargo en septiembre del año pasado.

El Tribunal Colegiado explicó que una vez presentada la solicitud de Goldmán Serafín, Jorge Saúl Valencia debió ser llamado por el gobernador de esta entidad federativa, por conducto de la dirección respectiva, en un plazo de quince días, para que dentro de un lapso igual acredite los requisitos que estatuye el numeral 57 de la propia legislación, luego de que se compruebe la autenticidad de los documentos presentados, accederá al examen con el que, en su caso, adquirirá la indicada patente.

Pero lo anterior no se llevó a cabo.

No son pocos quienes creen que, enterado de la enfermedad que Goldmán padecía, el ex gobernador pasó por alto la solicitud para después, fallecido aquel, entregar esa notaría a uno de los suyos.