Por: MARIO LUNA
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Martín Mayorga, manifestó que es totalmente una ilegalidad y por consiguiente considerado como un robo, el que cualquier autoridad del nivel que sea, quite el vehículo a su dueño, por haber cometido alguna infracción, por lo que estos hechos deben ser denunciado ante la justicia administrativa.
Ni el quitarles el vehículo, el recogerles la licencia de funcionamiento o quitarles una placa es legal, las autoridades de tránsito estatal, municipal, la policía federal, estatal o municipal lo saben, y pese a ello, violan la ley, por lo que en ese sentido son las mismas autoridades las que se convierten en delincuentes y deben ser sancionados, por ello, a la ciudadanía le solicitó que denuncien estos hechos que son de prepotencia de parte de la autoridad.
Y es que explicó que jurídicamente existe una jurisprudencia que dice que el automóvil es una prolongación de su domicilio el cual habita por un tiempo y que además es de su patrimonio, ninguna autoridad tiene la autoridad de quitárselo, por lo que estas autoridades tanto del ámbito federal, estatal o municipal, antes de incurrir en actos de prepotencia y abuso de autoridad, deberían de orientar al conductor, al grado de que si anduvieran tomados, en vez de sancionarlos los deberían de llevar a sus casas para evitar accidentes, ya que así sería una forma de prevenirlos.
Martín Mayorga, insistió que la ciudadanía debe hacer valer sus derechos, de ahí que deben de denunciar todo acto de abuso y prepotencia de cualquier autoridad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que ésta de inmediato haga lo conducente en apego a la ley y sancionar a la misma autoridad por esos abusos cometidos.
Las garantías constitucionales de la ciudadanía son muy claras, y no debe haber ningún acto de molestia ni privación de sus derechos, si no hay previamente oído y vencido en un juico o procedimiento en donde se le haya escuchado y dejado la prueba, la autoridad debe de dejar una infracción por escrito en donde señale que delito se cometió y que sanción procede para poderla aceptar o no, ya que debe de haber el derecho de audiencia.
El titular del Tribunal de Justicia Administrativa, señaló que están para defender los derechos del ciudadano y parar las arbitrariedades de las autoridades.
En cuanto al programa del alcoholímetro, deberá de ser muy razonado por la autoridad competente en su aplicación ya que todos, dijo el funcionario, se toman unas copitas y que no por ello deben de ser torturados y amenazados por las autoridades.
La función principal del Tribunal de Justicia Administrativa, es combatir precisamente los actos arbitrarios de la autoridad y al mismo tiempo se les dice a los poderes públicos del estado que se está en un estado de derecho por lo que dicho tribunal está muy al pendiente del desempeño y actuar de sus autoridades.