Por Óscar Verdín Camacho
Los trabajos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales, mantienen a Nayarit con retraso, en uno de los últimos lugares.
Aunque la reforma constitucional sobre el tema se produjo en junio del 2008, cada entidad tiene ocho años para la adecuación de sus leyes y la respectiva capacitación, por lo que a más tardar en el 2016 deberá estarse aplicando en todo el país, aunque, fue apuntado, ya hay 11 estados trabajando en ello, indicativo de que destinaron los recursos necesarios.
Una de las principales ideas con los juicios orales es que la mayoría de los conflictos sean solucionados por medio de la conciliación. Se estima que ocho de cada 10 asuntos deben concluir gracias a los medios alternos de conciliación, principalmente los casos no graves, mientras que el resto, como homicidios, secuestro, asalto, sí llegarán al juicio.
Por ejemplo, en el estado de Durango –según una cifra divulgada recientemente-, de más de dos mil asuntos iniciados en el año, sólo algo más de 400 llegaron al juicio, mientras que los restantes concluyeron a través de medios alternos.
Actualmente, con la coordinación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hay una capacitación a jueces y agentes del Ministerio Público, puesto que serán estos, principalmente, quienes busquen que casos no graves puedan ser conciliados por las partes involucradas. Precisamente el TSJ cuenta con una oficina destinada a la conciliación.
Sin embargo, cuando han transcurrido más de cuatro años de la reforma, en Nayarit aún no hay la capacitación para los policías, además de que las universidades no habrían adecuado sus planes de estudios sobre el tema, considerando que de ahí egresarán los futuros abogados. De igual forma las asociaciones de abogados no han mostrado mayor participación.
Por cierto, coincidentemente con esto, el director de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Humberto Lomelí Payán, indicó hace unos días que ahí será construida una sala de juicios orales, con recursos destinados por el gobierno estatal.
Cabe añadir, sin embargo, que hay avisos por parte de la Secretaría Técnica federal, encargada del nuevo sistema de justicia penal, del atraso que muestra Nayarit, especialmente en la adaptación de sus leyes. Se deduce que los juicios orales obligan a la creación de un nuevo Código de Procedimientos Penales y un nuevo Código Penal, así como las adecuaciones a distintas leyes orgánicas.
El atraso en que está ubicado el estado se debería al poco interés mostrado por la administración estatal anterior, a quien le tocaron tres años, entre 2008 y 2011.