ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-
El tan esperado pago de un bono para empleados de áreas de seguridad, en una buena cantidad de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), fue finalmente entregado el miércoles cinco por la tarde, aunque dejando un sabor amargo para la mayoría.
La compensación económica cubrió los primeros seis meses del año, pero ahora, con el ambiente que priva de escasez de recursos, muchos de los involucrados dicen no estar seguros de que vaya a pagársele el resto del año.
De cualquier forma, el ambiente es de pesadez. Policías estatales cuestionados narraron haber recibido dos mil 900 pesos por concepto del bono, lo que equivale a 483 pesos por mes, cuando en años anteriores llegaron a cobrar más de mil 500 pesos en un solo mes.
Otros agentes estatales indicaron que su cheque fue por un poco más de tres mil 200 pesos.
Y los relatos de reclamo se repiten. Agentes del Ministerio Público señalaron que por el medio año transcurrido se les dio un cheque de siete mil pesos.
“En el sexenio pasado el bono era por tres mil 700 pesos mensuales, pero se lo han ido acabando. Y nadie reclama porque hay temor a ser despedidos. A los agentes del Ministerio Público que están por contrato además les rebajaron el sueldo”, indicó uno de los empleados.
Por su parte, peritos que también acceden a esa compensación señalaron que el bono fue de siete mil 300 pesos para unos, y de siete mil 700 para otros, en números redondos.
Aunque en una parte esos recursos provienen del Gobierno Federal, el tardío pago por parte de las autoridades estatales ha merecido numerosas quejas de los elementos involucrados en tareas de seguridad –también custodios de la penal de Tepic y policías municipales-, que creen que hay un mal uso de ese dinero, por lo menos al retenerlo más tiempo del verdaderamente necesario.
Hace dos meses, el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Efrén Velásquez Ibarra aseguró a este reportero que era cuestión de pocos días para que se efectuara la entrega del bono, aunque también advirtió que esa operación podría darse apenas pasara la elección constitucional del cinco de julio.
Sin embargo tuvo que pasar más tiempo para que se concretara el pago que a muchos deja, cuando menos, la sospecha de que hay mal uso de recursos.