Por Óscar Verdín Camacho

Un ex director de Administración de tres dependencias estatales -Secretaría de Salud, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública- en el gobierno de Ney González Sánchez, está resultando pieza clave de una investigación para conocer cómo se hicieron las transas, cómo el desvío de millonarios recursos públicos.

Se conoce que la averiguación previa que sigue un agente del Ministerio Público adscrito al subprocurador Édgar Veytia, fue iniciada con una denuncia penal de José Manuel Encarnación Delgadillo, lo que ha motivado que ya hayan comparecido varios ex funcionarios públicos, como el caso, el miércoles 26 de septiembre, del que fuera secretario de Seguridad Pública, Fernando Carvajal Cazola, en calidad de testigo, por la firma de contratos relacionados con el tema que se indaga, aunque habría aclarado que los procesos de licitación o compra no eran de su competencia, sino de áreas administrativas.
De acuerdo con datos extraoficiales, la indagatoria se refiere al presunto mal uso de más de ocho millones de pesos, distribuidos en cuatro pagos a diversas empresas fuera del estado, y al menos uno de ellos unos días antes de que concluyera el sexenio de Ney González.

La investigación muestra apenas la punta de lo que habría sido una compleja red de corrupción que incluyó a funcionarios medios y altos del gobierno pasado.

PAGAN POR UNIFORMESINEXISTENTES

Entre los datos que han trascendido se encuentran, por ejemplo, un pago, el 14 de septiembre del 2011, por más de dos millones 100 mil pesos a una empresa que vendió uniformes, chalecos antibalas y más equipo para policías estatalespero que no existen, aunque obra constancia de que supuestamente sí fueron recibidos.

Una situación similar se refiere a un pago por unos dos millones 400 mil pesos por sustancias químicas que requería la dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia. El pago se hizo, pero los reactivos no existen y, otra vez, se habría asentado que sí fueron recibidos.
Un tercer pago, por poco menos de dos millones de pesos, se efectuó a una empresa que daría capacitación a un grupo especial de la policía estatal. Y aunque no hay constancia de que el curso se efectuó, el dinero sí salió de las arcas estatales.

La cuarta transacción se refiere a un programa para utilizarse en equipos de cómputo y cámaras de seguridad de la SSPE, por alrededor de dos millones de pesos. Y aunque tampoco fue recibido, el dinero sí fue entregado, ¿pero a quién?.
José Manuel Encarnación Delgadillo ha comparecido varias veces ante el agente del Ministerio Público. Y es que, además de secretario de Administración de la SSPE, era el secretario Técnico del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Nayarit (FOSPEN), a través del cual se tramitaban los recursos. Lo extraño es que la oficina de Encarnación habría sido la que supuestamente justificó, en el gobierno anterior, que sí se recibieron los uniformes y chalecos para policías, los reactivos, el programa de cómputo y el curso de capacitación ya mencionados. Es decir, nadie mejor que él sabe realmente en manos de quién quedaba ese recurso.

A estas alturas, se conoce, la Procuraduría General de Justicia está en trámites de recibir declaraciones de directivos de las cuatro empresas para que respondan por la insólita situación: el pago por productos inexistentes.

José Manuel Encarnación también fue director de Administración de la Secretaría de Salud y de la PGJ. Es uno de los ex funcionarios contra los que la dirigencia de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud presentó una denuncia penal, en el año 2010, por el presunto mal uso de 38 millones 880 mil 106 pesos, caso por el que incluso se produjo un paro estatal de labores y por el que el entonces secretario Omar Reynozo Gallegos dejó el cargo. Ahora diputado local por el PRI, Reynozo es otro de los acusados.

FLORENCIO EN LA MIRA

En el mismo tema, se afirma que Florencio Román Messina, ex secretario de Administración del Gobierno del Estado, será citado a rendir declaración ministerial por los hechos que se investigan.
Florencio Román Messina ha comparecido a la Secretaría de la Contraloría estatal y el Órgano de Fiscalización Superior, donde se siguen expedientes administrativos por presunto mal uso de millonarios recursos.
Las baterías de la PGJ apuntan a Román Messina, quien habría operado, a través de Encarnación, en este tipo de transacciones, utilizando recursos públicos que eran justificados documentalmente pero de compras inexistentes.

A raíz del inicio de la investigación, han brotado citas sobre cómo eran los desvíos; por ejemplo, aumentando cantidades de dinero en viáticos aunque en los hechos no existía encomienda alguna para los empleados que firmaban los documentos respectivos.
Así, podía justificarse el uso de los recursos, pero el destino del dinero era otro. Así la transa. El saqueo.
Se prevé que Víctor Flores Ruiz, otro ex alto funcionario de la Secretaría de Administración, también sea citado a rendir declaración ministerial.

EL SAQUEO SIN LÍMITE

Pero esta forma de operar en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal habría sido similar en otras dependencias estatales, en lo que representó un saqueo sin límite. El caso de la obra pública fue un área para inflar costos.

En noviembre y diciembre pasados, por ejemplo, en relatosnayarit1.blogdiario.com, este reportero presentó el caso de la remodelación que se hizo en las márgenes del río Mololoa por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Ese asunto ha merecido observaciones del Órgano de Fiscalización Superior, y representa un descaro de cómo fueron incrementados los costos.
Por ejemplo, un sube y baja para niños fue pagado a ¡24 mil 814.92 pesos!, mientras que cada uno de los cestos para la basura, se pagaron a ¡13 mil 562.44 pesos!.

Irónicamente, Tepic podría tener los cestos más caros del mundo.
Así, muchos habitantes del estado tendrían que laborar dos o hasta tres meses para comprar un bote de basura. Puesto que fueron instalados 18 cestos, la inversión fue de ¡244 mil 123.92 pesos!, precio de muchas casas en Tepic.
La investigación en la PGJ se prevé que concluya con la respectiva consignación ante un juez penal, lo que representaría que sean llevados ante la justicia los implicados en los delitos.