* Divulga el Órgano de Fiscalización que muchos proveedores en materia de difusión negaron en durante 2011 hubieran tenido tratos con el gobierno estatal, aunque se les menciona en millonarios pagos.
Por Óscar Verdín Camacho
92 millones 936 mil 216.96 pesos que fueron gastados hasta septiembre del año pasado, por el gobierno de Ney González Sánchez en materia de difusión, presentan documentos comprobatorios que no justifican tal gasto, además de que no se tiene evidencia de la aplicación y destino de los bienes y servicios otorgados.
El presunto saqueo es tal, que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) revela una lista de proveedores que manifestaron, directamente a los auditores, que durante 2011 no tuvieron relación comercial con el Gobierno del Estado. Es decir, el gobierno presentó documentos para justificar millonarios gastos por un servicio que no existió.
Entre los proveedores dados a conocer por el OFS, con la citada singularidad, están los siguientes: MOHL (881 mil 306 pesos); ROGJ (454 mil 434); PMG (461 mil 550); HELC (un millón 186 mil); RASE (un millón 794 mil pesos); SALC (un millón 373 mil); HECR (un millón 54 mil); AEDR (un millón 367 mil); TOCJ (dos millones 317 mil); PIVA (un millón 780 mil); SGO (un millón 229 mil); FUEJ (un millón 353 mil); VEVF (un millón 388 mil); SAOA (un millón 376 mil); GUSA (dos millones 237 mil); SORC (819 mil); DPA (un millón 419 mil); FGA (un millón 318 mil); MMA (un millón 275 mil); MDI (931 mil); y TFL (un millón 703 mil pesos).
Pero además de estos proveedores, hay otras decenas, también enlistadas, de los que no se encontró evidencia física de su existencia como empresa o establecimiento comercial, pero a pesar de ello recibieron millonarios recursos públicos o ello se intentó justificar, aunque el dinero habría ido a parar a otras manos.
Así el saqueo.
QUE REGRESEN DINERO
De acuerdo con el número de observación 8.AGF.11.PE.02, el OFS ha iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria por los 92 millones 936 mil 216.96 pesos, en contra de los probables responsables: el director General de Administración de la Secretaría de Administración; el coordinador General de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Administración; la directora de Tesorería de la misma secretaría; y la directora General de Prensa de la Secretaría General de Gobierno, cuyos encargos concluyeron en septiembre del 2011.
De acuerdo con la información que ha hecho pública el OFS, ninguno de los funcionarios implicados aceptó responsabilidad y, por el contrario, todos intentaron justificarse.
Por ejemplo, la dirección General de Administración respondió que únicamente fue tramitadora del gasto para pagar los servicios de difusión y publicidad, y la comprobación de los gastos se realizó con la documentación comprobatoria que fue proporcionada por el área usuaria, por el apoyo que se dio a las dependencias del Poder Ejecutivo.
Incluso, se deduce que con la asesoría de abogados, en la respuesta al OFS los ex funcionarios aludidos echan mano de presuntas violaciones constitucionales en la forma en que fueron citados.
MODA PARA SAQUEAR
La información ventilada por el Órgano de Fiscalización, respecto a que no hay evidencia física de proveedores que supuestamente tuvieron tratos con el gobierno, o bien que otros niegan relación comercial, no es nueva y más bien parece una moda, una forma para robar los recursos públicos.
A principios de octubre, aquí se presentó una información respecto a una denuncia penal en trámite que aborda la supuesta compra de productos por más de ocho millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aunque los mismos son inexistentes. Es decir, se pagó por algo que no fue adquirido; igual, se deduce, que el caso de los servicios de difusión.
Por este asunto son investigados varios ex funcionarios públicos, entre ellos el ex secretario de Administración Florencio Román Messina, mencionado como el encargado de estas tramas en complicidad con funcionarios de administración de distintas dependencias.