Por Óscar Verdín Camacho
Al igual que en las últimas semanas ha sucedido con varios ayuntamientos del estado, el de San Pedro Lagunillas estaría por pagar 200 mil pesos a una ex empleada, pero no de manera voluntaria, sino mediante el embargo de una de sus cuentas bancarias.
Hace poco tiempo, a los ayuntamientos de Acaponeta y el de Santiago Ixcuintla también se les aseguraron diversas sumas de dinero para cumplir con sentencias de carácter laboral.
Pero ello está ocurriendo por una presión de los juzgados de Distrito y tribunales colegiados con oficinas en Tepic, que han advertido que procederán contra los funcionarios implicados si no son acatadas las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA). Esas advertencias ya han llegado a funcionarios estatales.
En el caso del número de amparo 725/2012 del Juzgado Segundo de Distrito Civil y Administrativo, que atañe a una ex funcionaria de San Pedro Lagunillas, tuvieron que retirarse los 200 mil pesos de una cuenta bancaria por orden del Tribunal de Conciliación y bajo la exigencia del juzgado federal para que se acatara el fallo. Fue despedida hace dos años de la oficina de Desarrollo y Ecología municipal.
Si bien estos casos han merecido reclamos por parte de los ayuntamientos, fuentes de los tribunales federales indicaron que observan una constante resistencia de las autoridades para cumplir con esas sentencias, por lo que el embargo de las cuentas bancarias por parte del TCA puede resultar válido.
