Por: Francisco Pérez Gómez
Nayarit no es tierra fértil para la delincuencia.-El artículo 17 constitucional establece que: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho dice, también, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, de la misma manera establece que todo lo anterior se hará de manera gratuita., para expertos en la materia la también llamada policía comunitaria cuestiona la función del Estado y la aplicación de leyes en México y es el resultado de un Estado que dejó de proteger la vida y la seguridad de las personas por lo que los ciudadanos de algunas regiones de nuestro País, cansados de ser víctimas de la delincuencia, decidieron organizarse para hacer frente a estos problemas y resguardar la integridad de sus comunidades.
Ahora bien habrá que analizar si vulneran el orden constitucional como señalan algunos otros y atender lo señalado por el artículo 2º. Constitucional que establece entre otras cosas los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas para aplicar sus normas para un gobierno interno de acuerdo con sus normas; lo cual les otorga el derecho de la formación de dichos cuerpos de seguridad ajustado a sus usos y costumbres y a lo establecido por la Ley Federal de armas de fuego y explosivos lo que otorga el derecho a los mexicanos para tener en sus domicilios armas para su defensa con excepción de las de uso exclusivo del ejército; luego entonces es difícil señalar la supuesta ilegalidad de estos ciudadanos que han decidido organizarse para la defensa de sus legítimos derechos y para el resguardo de sus comunidades, que para algunos simbolizan una señal de alarma argumentando que representan una frágil línea divisoria que los distingue de los grupos paramilitares.
Estos vigilantes existen desde hace 15 o 17 años y surgieron porque los pobladores se encuentran desesperados y porque según han expresado no cuentan con la garantía de seguridad de sus autoridades, por lo que en base a sus normas y usos seleccionaron a las personas que consideran más honorables de sus comunidades y las hicieron vigilantes los cuales van armadas y, a la fecha han arrestado a presuntos delincuentes, señalados por homicidio, secuestro y tráfico de drogas.
Lo anterior traen el mensaje de que las autoridades en donde se han dado estos casos han sido rebasados por sus ciudadanos como un reclamo social y su falta de confianza en los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales y a la violencia que padecen a manos del crimen organizado ; luego entonces, estamos ante un fenómeno en que las autoridades deben poner especial atención porque estos grupos de autodefensa pueden sufrir filtraciones de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección; si el Estado mexicano no proporciona seguridad a los ciudadanos permitirá el crecimiento de grupos civiles en el país para asumir tareas de combate al delito y en consecuencia habrá mayor ingobernabilidad.
No hay justificación para que ningún grupo se hagan justicia por propia mano pero los gobiernos deben cumplir para evitar medidas desesperadas; lo que no es justificable es que tengamos personas armadas con retenes, no es admisible en ninguna democracia. Esto afecta a las instituciones y a los gobiernos estatales porque nadie puede estar por encima de la ley y se deberá respetar el derecho y el orden constitucional por lo que urge que las autoridades de la Secretaría de Gobernación apliquen mecanismos para que las policías comunitarias que operan en pueblos indígenas y zonas rurales sean autorizadas y reconocidas para proteger los derechos de los ciudadanos que padecen este tipo de problemática y evitar que estos grupos de autodefensa a la larga puedan convertirse en grupos que se enfrenten con el gobierno.
Afortunadamente tal situación no impera en nuestro Estado, donde el gobierno de la gente proporciona seguridad y tranquilidad a sus habitantes y donde el Fiscal de Hierro y abogado del Pueblo ha impuesto un estricto orden, lo que ha convertido a Nayarit en el segundo estado de la Nación en materia de seguridad y porque no es tierra fértil para la delincuencia.
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