- Precisa, además, que el OFS ha interpuesto 36 denuncias penales. Siendo una célebre: la formulada contra Ney González Sánchez porque siendo presidente municipal de Tepic fueron desviados recursos del impuesto adicional de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Por Óscar Verdín Camacho

Durante 12 años director jurídico del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Raúl Rosales Rosas –cuyo encargo concluyó el mes pasado- estima que, producto de los procedimientos efectuados, se recuperaron unos 400 millones de pesos.

La recuperación de esos recursos a empresas o ex funcionarios públicos que tuvieron observaciones, anteriormente la hacían los ayuntamientos, pero ahora corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, que cuenta con una mayor estructura para ello.
De acuerdo con Rosales Rosas, el OFS no es una agencia anticorrupción, sino una institución cuyo propósito es el de vigilar la buena administración de los recursos públicos.

Añade, sin lugar a dudas, que lo mejor que tiene el Órgano de Fiscalización son sus recursos humanos, su personal constantemente capacitado puesto que debe estar al día en por lo menos 30 leyes que aplica en la revisión asuntos estatales, municipales, de organismos descentralizados, o autónomos.
Igualmente, el ex funcionario señala que entre 2007 y 2012 se emitieron mil 500 resoluciones, que fueron desde amonestaciones y hasta inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, por lo que no tiene duda, afirma, de que ningún órgano con atribuciones similares tiene un registro así, como las contralorías municipales, estatal o el Consejo de la Judicatura.

Precisa, además, que el OFS ha interpuesto 36 denuncias penales. Dos han sido célebres: la formulada contra Ney González Sánchez porque siendo presidente municipal de Tepic fueron desviados recursos del impuesto adicional de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), y otra contra Marco Antonio Hernández, ex secretario del entonces gobernador Antonio Echevarría Domínguez, por presunto mal uso de recursos públicos y quien tuvo que pedir licencia como diputado local por el PAN.
Pero en ninguno de ambos casos hubo consignación penal.
A lo largo de estos años en el OFS, a Raúl Rosales le queda claro que la institución no puede ser omisa ante evidencias de presunto mal uso de los recursos, aunque considera que hay ocasiones muy especiales en que puede flexibilizar.

Rosales ejemplifica que con la emergencia por el huracán Kenna, era prácticamente imposible que se cumplieran con todas las reglas en las adquisiciones, por lo que ahí se flexibilizó.
Y recuerda otro caso, peculiar: un día, en el gobierno de Echevarría, lo llamó por teléfono un funcionario y le avisó que requerían una suma de dinero, con urgencia, para entregarlo a la policía que implementaría un operativo de rescate de una persona secuestrada, y le preguntaba a qué partida presupuestal podía cargar el recurso. Rosales afirma que no hizo sugerencia alguna ni supo finalmente qué decisión fue tomada, pero lo revela como un caso excepcional.

El ex funcionario observa que cada vez hay una mayor participación social en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos, por lo que el OFS no puede apartarse de ello. Es decir, apunta que debe haber una coherencia en sus resoluciones.

Considera también la necesidad de efectuar reformas que permitan al OFS no sólo revisar la aplicación del gasto público de las instituciones, sino que pueda efectuar parámetros en las obras para verificar que sean realizadas a precios reales, y no se incrementen los costos drásticamente.
Finalmente, Raúl Rosales señala, a propósito de la crisis financiera que ahoga a los ayuntamientos, que desde el año 2005 el Órgano de Fiscalización advirtió esa problemática y la dejó plasmada en sus informes. Pero no se tomaron medidas.